En 2008, Telmex y Dish México hicieron público un arreglo conforme el cual la telefónica se encargaría de la facturación y cobranza a los suscriptores de la nueva empresa de televisión restringida vía satélite. Parecía un acuerdo comercial como tantos de Telmex con diversos prestadores de servicios en los que cobra con recibo telefónico otros conceptos.
Telmex hizo del conocimiento a las autoridades regulatorias, así como a los mercados de valores en los que cotizan sus acciones, ese arreglo con Dish México.
Pero resulta que, según acaba de documentar el periódico El Financiero, habría una serie de contratos y cartas laterales, suscritos el 24 de noviembre de 2008 -la víspera del inicio de operaciones de Dish México- denominados por las partes como “Proyecto Alpha” con carácter estrictamente confidencial. En ellos se hace evidente que la relación entre Telmex y Dish México sería mucho más que un acuerdo de facturación y cobranza: estaríamos frente a una alianza estratégica entre Telmex y MVS conforme a la cual, en los hechos, Telmex es quien tendría el control de Dish México, más allá de la forma jurídico-corporativa acordada por las partes.
¿Cuál es el problema? preguntará el lector. Pues resulta que el título de concesión de Telmex, vigente desde que se privatizó la empresa en 1990, dispone en su condición 1.9. lo siguiente: “Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país”. No sólo eso. Conforme a la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, “los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida (abierta) están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde”.
Más adelante, la reforma constitucional dispone: “los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes en los términos de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita”.
Y remata el texto del artículo octavo transitorio del Decreto en comento diciendo que: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos”.
Tan pronto entró en vigor la citada reforma constitucional, Dish México subió a su programación los canales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca sin pagar un sólo centavo, con el argumento de que tenían derecho a la retransmisión gratuita de las señales. En su publicidad comercial incluso utilizan la voz del presidente Peña Nieto para fundamentar la buena nueva.
¿Entonces? Pues nada, que de comprobarse la existencia y autenticidad de los documentos que acreditan una alianza estratégica entre Telmex y MVS en Dish México, para que la primera controle a esta última, habría una doble violación por parte de la telefónica: prestar servicios de televisión de manera indirecta, contraviniendo lo que prohíbe su título de concesión; y servirse indebidamente de la regla de gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta, pues se trata de un operador con poder sustancial en varios mercados de telecomunicaciones (y en breve, seguramente, será declarado agente económico preponderante).
En ambos casos, la consecuencia prevista por la legislación es la revocación de las concesiones de Telmex y de Dish México. No cabría más interpretación que la exegética en este escandaloso caso. Podría parecer un castigo severo y lo es. Pero la simulación y elusión que estarían siendo desvelados hablan de la intencionalidad para obtener un lucro indebido y realizar operaciones que no le están permitidas a la telefónica.
Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones enfrentarán así su primera prueba de fuego. La plena autonomía tiene un límite natural que es el cumplimiento de la ley. A eso están llamados. Y así serán evaluados.
