Córdoba.- Pisoteando la Ley, de manera absolutamente ilegal, nuevamente el Gobierno del Estado requisó unidades de la línea de autobuses Metro, trasladándolas a la ciudad de Xalapa, aplicando con distingos el Reglamento de Tránsito del Estado para afectar a esta empresa cordobesa, sus trabajadores y usuarios.
Con el argumento de que los autobuses detenidos no tenían instaladas “barras contadoras”, cuatro de los autobuses que cubrían las rutas Peñuela-Fortín, fueron detenidos en un operativo sorpresa instalado sobre el bulevar a Fortín, a la altura de Crucero Nacional.
Por tratarse de una infracción que amerita detención de la unidad, los pasajeros fueron obligados a bajarse de los autobuses, los cuales fueron trasladados, custodiados por patrullas de la Fuerza Civil, al C4 de Fortín, en lugar de a algún corralón de Tránsito del Estado, constituyéndose otra violación a las leyes y reglamentos vigentes.
Como esta situación había sucedido ya en dos ocasiones anteriores, directivos de la línea ordenaron suspender las corridas de las rutas que atiende, a fin de evitar que más autobuses fueran detenidos por estas corruptas autoridades, quienes nuevamente aplicaron la Ley con distingos, afectando únicamente a la empresa Metro, sin detener para inspeccionar a ninguna unidad de otras líneas de pasajeros.
Funcionarios de la línea de autobuses se apersonaron en las instalaciones del C4 para enterarse de las infracciones cometidas, acudiendo posteriormente a pagar la infracción correspondiente de 85 pesos por cada unidad, los cuales fueron pagados de inmediato en las oficinas de Hacienda del Estado. Sin embargo, a pesar de haber pagado la multa se negaron a entregar las unidades, lo que provocó que tanto los conductores como otros empleados de la empresa se manifestaran frente a las instalaciones del C4, exigiendo el regreso de los camiones.
Decenas de policías estatales, con equipo antimotines, llegaron al C4 en patrullas para inhibir la manifestación y amedrentar a los trabajadores, quienes no se amilanaron por la presencia policial, exigiendo la liberación de su fuente de trabajo y de ingresos. Al cabo de un par de horas, un fuerte operativo policial intervino para sacar los autobuses de las instalaciones y trasladarlos a la ciudad de Xalapa, empujando y golpeando a los trabajadores que trataban de impedir el avance de los carros.
Entre las ilegalidades cometidas está el traslado de las unidades “rodando”, provocando el desgaste en los carros, en las llantas, utilizando el combustible de la empresa, y con conductores que desconocen las particularidades de los motores y sistemas de conducción involucrados. Tan es así, que a la altura de Rinconada, uno de los autobuses quedó descompuesto.
Esta es la tercera ocasión en que el Gobierno del Estado comete esta acción ilegal en contra de la empresa Metro, claramente para provocar a sus propietarios y trabajadores, afectando a miles de usuarios de la línea, entre ellos minusválidos, enfermos, personas de la tercera edad, artistas callejeros y otros que viajan gratis en esta línea, caracterizada por su servicio de calidad y su altruismo frente a otras que, a pesar de tener unidades en pésimas condiciones, sin asientos algunas, y con evidente incumplimiento de las leyes y reglamentos viales vigentes, no son detenidas por Tránsito del Estado.
Hace pocas semanas, la empresa demostró ante un Juzgado de Distrito la ilegalidad de las acciones cometidas por la Dirección de Tránsito del Estado en la detención y traslado de unidades Metro a Xalapa, por lo que el Juez Federal ordenó la devolución inmediata de las unidades. A pesar de este antecedente, las autoridades estatales volvieron a cometer las mismas ilegalidades ayer jueves.
Directivos de la línea de transporte hicieron un llamado a la alcaldesa Leticia López Landero, para que interviniera en defensa de la empresa asentada en Córdoba, que paga impuestos a Córdoba, sin que hubiera ninguna respuesta de la autoridad municipal.
Ante la evidente ilegalidad de la detención y el traslado de los autobuses a la ciudad de Xalapa, la empresa Metro anunció que presentará una denuncia penal por Abuso de Autoridad, contra las autoridades que resulten responsables.
