En un giro inesperado dentro del sistema judicial mexicano, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido presentar su renuncia este martes, con vigencia a partir del 31 de agosto de 2025. Esta decisión marca su retiro del proceso electoral para buscar la reelección en sus cargos, y también les permite rescatar su haber de retiro, conforme a lo establecido en la reciente reforma judicial.
Entre los ministros que renunciarán se encuentra la Ministra presidenta Norma Piña, junto a Javier Láynez, quienes se beneficiarán del 65% de su haber de retiro. Jorge Pardo Rebolledo tiene derecho al 97%, mientras que Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena recibirán el 85%. Por su parte, Juan Luis González Alcántara accederá al 44% de su haber. Sin embargo, Luis María Aguilar, cuyo mandato termina el 30 de noviembre, no podrá beneficiarse de esta prestación a menos que presente su renuncia, lo cual podría ser rechazado por el Senado.
La única ministra que ha optado por permanecer en su cargo es Margarita Ríos Farjat, quien, desde el mes pasado, anunció que no renunciaría a cambio de conservar su pago vitalicio. Afirmó que continuará en la SCJN hasta agosto del próximo año.
La reforma judicial también establece que las elecciones para los nuevos ministros se llevarán a cabo el primer domingo de junio de 2025, con el nuevo Pleno de la SCJN reducido a nueve miembros, lo que representa una disminución de dos integrantes. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes han mantenido posturas alineadas con el Gobierno Federal, continuarán en sus funciones y tendrán la posibilidad de postularse nuevamente en las elecciones.
Para aquellas ministras que decidan participar, la reforma les garantiza que, independientemente del resultado, podrán acceder a su pago de por vida proporcional a su antigüedad. En este contexto, Esquivel podría recibir un 43%, Ortiz un 25% y Batres un 11% de su haber de retiro.
Este movimiento en la SCJN no solo redefine el panorama judicial del país, sino que también podría tener implicaciones significativas en la política mexicana a medida que se aproxima un año electoral decisivo. La decisión de los ministros refleja un cambio estratégico en un momento crítico para el sistema judicial, en el que la confianza y la independencia de la justicia son más importantes que nunca.
