AGENCIA
Nacional.- El caso de Esmeralda “N”, una joven de 14 años víctima de violación en Querétaro, ha puesto en evidencia las fallas del sistema de justicia mexicano y la insensibilidad de la Fiscalía ante las víctimas de violencia sexual. En lugar de brindar apoyo y protección a esta menor, las autoridades han optado por iniciar un proceso penal en su contra por un aborto espontáneo, revictimizándola en un momento ya de por sí traumático.
La reciente intervención del Senado de la República, que ha exigido la detención del proceso penal y solicitado la destitución del fiscal general del estado, resalta la urgencia de un cambio en la aplicación de la justicia en México. Es inaceptable que, en vez de garantizar un entorno seguro y solidario para Esmeralda, la Fiscalía haya decidido actuar con una lógica punitiva que ignora por completo la perspectiva de género. La decisión de tratar el aborto espontáneo como un delito es no solo insensible, sino que también pone de manifiesto una falta de comprensión de la vulnerabilidad de las víctimas.
La senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, quien promovió un punto de acuerdo en el Senado, ha subrayado que el sistema debe operar bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales en derechos humanos. La revictimización de Esmeralda es una “vergüenza nacional”, tal como lo ha señalado la senadora Martha Lucía Micher Camarena. Es claro que la falta de capacitación y sensibilidad en muchas fiscalías locales está perpetuando un ciclo de injusticia que debe ser urgentemente detenido.
A pesar de la presión ejercida por diversos legisladores y organizaciones de derechos humanos, el actuar de la Fiscalía de Querétaro pone en cuestión la eficacia de las reformas necesarias para proteger a las víctimas. Es alarmante que el Estado, en lugar de ofrecer amparo y justicia, opte por castigar a una niña que ya ha sufrido una de las experiencias más atroces que puede vivir un ser humano.
La exigencia de justicia para Esmeralda se convierte así en un llamado a la acción para que se reformen los procesos judiciales, garantizando que el interés superior de la menor sea la prioridad en la resolución del caso. La sociedad mexicana está en pie de lucha, demandando respuestas y cambios en un sistema que debería ser el bastión de la protección, pero que ha fallado en su deber.
El futuro de Esmeralda y de otras víctimas de violencia sexual dependerá de la capacidad del sistema judicial para aprender de esta tragedia y actuar en consecuencia. La presión es alta para que el fiscal general de Querétaro rinda cuentas por sus acciones, y la indignación de la sociedad debe traducirse en un cambio real que evite que otros jóvenes enfrenten situaciones similares. La esperanza de justicia para Esmeralda es un paso hacia un México donde la protección de las víctimas sea finalmente una realidad, y no una mera promesa.
El caso de Querétaro resalta que uno de los principales problemas detrás de la injusticia cotidiana es el pésimo papel de las fiscalías. La reforma judicial va tras jueces/magistrados/ministros, pero no toca a las fiscalías. Lamentablemente es una crítica que el oficialismo ha desechado.
En las fiscalías de cualquier estado abunda la podredumbre. Los fiscales son los que deberíamos de elegir, no los jueces, ya que ellos son de los primeros conocientes de los delitos que se cometen, y son (o debieran ser) los primeros accionantes.
Este fiscal debe ser removido de su cargo, porque claramente no tiene capacidad ni preparación para el cargo, no se puede criminalizar de esa forma a una adolescente, el fiscal es el criminal❗️.
