México.- La propuesta de Reforma a la Ley de Obras Públicas que se discutirá en el Senado de la República fomentará la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de contratación y licitación de obra pública y contradice lo que recién se aprobó con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), alertaron grupos de la sociedad civil.
Las organizaciones Causa en Común, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana, coincidieron que incluso podría nombrarse “Ley casa blanca” o “Ley OHL” ya que permitiría más casos de corrupción como los que se han presentado en el últimos meses.
“Los escándalos y la crisis de credibilidad por la que atraviesa la actual administración, tienen que ver con obra pública (…). La historia de OHL no se puede reconstruir porque todos los documentos están a cuentagotas y publicados a conveniencia. La ley debe generar confianza, parece que cada obra pública importante está acompañada de un escándalo”, afirmó Edna Jaime, directora de México Evalúa.
El presidente Peña Nieto ha sido duramente criticado en el país y en el extranjero por el descubrimiento de que dos grupos empresariales (beneficiados con obra pública en sus gobiernos) han puesto a su disposición, prestadas o para compra, distintas propiedades. Grupo Higa vendió una mansión (la llamada casa blanca), a su esposa, Angélica Rivera, con financiamiento; la empresa de Juan Armando Hinojosa también prestó una propiedad para la campaña del PRI en 2012; y la familia San Román le vendió al mandatario una mansión en Ixtapan de la Sal. Además, Grupo Higa financió al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, una casa de retiro en una exclusiva zona de Malinalco.
La iniciativa actual, denunciaron las organizaciones, no garantiza mecanismos ni procedimientos adecuados para promover las mejores condiciones de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras lo que permitiría eludir licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir obligaciones de transparencia.
Para Juan Pardinas, director del IMCO, resulta paradójico que la misma Cámara de Diputados que votó un SNA, vote también una ley que es un retroceso que afecta al país.
“No es una ley de obra pública, es la ley del compadre, ‘la ley Higa’, la ‘ley OHL’. El Senado tiene la responsabilidad de cambiar la ley pensando en los ciudadanos (…), la ley se tiene que frenar y se debe transformar de fondo”, dijo.
Por su parte, Edmundo Gamas, director general del IMDI, alertó que de no modificarse el borrador de dictamen actual, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz, el Parque Bicentenario, la Línea 12 del metro o el Viaducto Bicentenario, donde la ineficiencia y discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados.
“Esta Ley es una de la principales piezas de política pública para definir si se puede resarcir la confianza, incrementar el flujo de inversión y mejorar la eficiencia y eficacia en las contrataciones del Estado”, comentó.
CORRUPCIÓN
La Ley de Obras fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre, un mes después de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara la propuesta con el objetivo de agilizar y garantizar la eficiencia en los procesos de contratación y ejecución de obras, así como otorgar certidumbre y transparencia al Gobierno, contratistas y sociedad.
Sin embargo, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, reviró que la minuta de ley que se aprobó “al vapor” por lo diputados no garantiza los suficientes procesos competitivos, carece de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas, privilegia las adjudicaciones directas, y preserva vicios que merman la conveniencia.
En su artículo 29, la iniciativa de Ley de Obras Públicas considera que las entidades y dependencias deberán optar, en igualdad de condiciones, “por personas físicas y empresas mexicanas, y por las empresas que tengan su domicilio fiscal en las entidades federativas donde se realizarán los trabajos”.
