AGENCIA
CDMX.- Hablar de Segalmex, es hablar de uno de los casos de corrupción e impunidad más emblemáticos del gobierno de López Obrador. Supera por mucho a la Estafa Maestra del sexenio peñista. Incluso el monto de las irregularidades es mayor que el presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral, el cual es criticado de ser “caro” por el oficialismo.
Seguridad Alimentaria Mexicana o Segalmex, nace en el actual gobierno lopista. Con su creación se pretende alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país. Opera programas como Precios de Garantía y entrega de fertilizantes. También está a cargo de Liconsa, para la distribución de leche, y Diconsa, para el abastecimiento de productos básicos.
Las señales de alerta del desmedido saqueo en Segalmex estaban ahí a la vista, incluso, mucho antes de arrancar la presente administración. Empezando por la designación de su primer titular: Ignacio Ovalle.
Ignacio Ovalle fue funcionario en los sexenios de Echeverría, Portillo, de la Madrid y Salinas de Gortari. ¿Qué podía salir mal?
Ovalle fue precisamente director de la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Y como ocurrió con la administración de su hermano Raúl al frente de Diconsa, la gestión de Ovalle también estuvo marcada por la corrupción.
Después sería diputado federal por el PRI de 1994 a 1997, ahí es recordado por votar junto a su bancada a favor del incremento al IVA del 10% al 15%, un hecho criticado por muchos, incluyendo López Obrador.
Los primeros indicios del saqueo se presentaron tras la publicación del informe de la Cuenta Pública 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sólo en ese año detectó en Segalmex, junto a Diconsa y Liconsa, más de 4 mil millones de pesos en irregularidades, entre compras fantasma, contratos con empresas sin trabajadores, productos faltantes o echados a perder.
La cantidad es impresionante porque representa la mitad del dinero que administró en 2019. ¿Cómo es que Ovalle no fue separado del cargo e investigado en ese momento?
El Presidente fue omiso desde entonces, por ignorancia o compadrazgo lo protegió al igual que los diputados federales de Morena, PT y PVEM. Una de las principales obligaciones de la Cámara de Diputados es la revisión del gasto público, de tus impuestos. Aun así, la mayoría oficialista aprobó la Cuenta Pública 2019 sin señalamientos ni cuestionamientos por Segalmex ni la gestión de Ignacio Ovalle.
En la Cuenta Pública 2020, las anomalías sumaron otros 8 mil 600 millones de pesos. Prácticamente 8 de cada 10 pesos que administró Segalmex en ese año estuvieron marcados por la corrupción. Se repitieron las irregularidades de 2019, pero sumándose otras como la compra ilegal de acciones bursátiles. Tampoco fue un escándalo para la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Sumando las anomalías detectadas por la ASF en la Cuenta Pública 2021, el saqueo de Selgamex superó los 15 mil millones de pesos en 3 años. Es prácticamente la mitad de los recursos públicos que administró en ese periodo. Un oscuro récord.
La Secretaría de la Función Pública como la ASF presentaron decenas de denuncias por dichos desvíos. Y recientemente la Fiscalía General de la República emitió 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios, pero ninguna contra Ignacio Ovalle.
Él fue destituido a principios de 2022 sin ser investigado. Se le premió con la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal bajo la protección del Secretario de Gobernación Adán Augusto. Hace unos días fue defendido por el Presidente, quien dijo que fue engañado por “priístas de malas mañas”.
Queda claro que persiste la corrupción e impunidad en el uso de los recursos públicos de todos los mexicanos. El actual gobierno federal se ha dedicado a debilitar los mecanismos para prevenirlo y combatirlo, como el Sistema Nacional Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación.
El presidente niega sistemáticamente cualquier investigación al respecto, acusando de campañas en contra orquestadas por enemigos imaginarios. Decían que no son iguales, pero los ecos del viejo régimen están más presentes que nunca y amenazan con quedarse otros seis años.
Y mil 500 veces más que el supuesto finiquito de Lorenzo Córdova que tanto preoupa a los matraqueros; la pregunta es: ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿En qué lo estan usando?
Y pensar que a una de las que hizo la estafa maestra ya la dejaron libre. ¡Qué cosas no!
En este caso se institucionalizan la corrupción y el saqueo como actos gubernamentales.
Pero ya saben que Ovalle es “un alma pura” a quien luego de casi 50 años de servicio público lo “engañaron” vilmente sus subalternos; ¿pero qué no eran iguales? Ya no hay duda, ¡sí son peores!
El dinero robado tal vez se quedó en las arcas del ejecutivo. Por ello, se le premia y no se le persigue.
Esa estafa fue la liquidación que se tomó por adelantado Ignacio Ovalle, que obviamente NO está en su contrato laboral.
