Mariana Gutiérrez H.
El Buen Tono
Tlilapan.- La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema), no lleva un control sobre la explotación de minas y canteras que se realizan en la entidad, únicamente se basa en las denuncias anónimas para inspeccionar y verificar que cuenten con los permisos correspondientes, reconoció el titular de la dependencia, Juan Carlos Contreras Bautista.
Y es que en la zona hay una sobreexplotación de los cerros para sacar materiales pétreos, lo que genera un grave daño ambiental, así como la devastación de los bosques que existen.
Cuestionado al respecto, el funcionario estatal se limitó a pedir que los ciudadanos denuncien.
“Solicitamos que denuncien los lugares donde se lleva a cabo este tipo de actividades, que nos avisen, para ver si cuentan con los permisos. La autorización para explotar minas con material sin valor, la otorga el Estado, mientras que el aprovechamiento de minas con material de valor la concesión la otorga la Federación y Semarnat”, expresó el entrevistado.
Sin precisar el dato exacto, Contreras Bautista recalcó que en lo que va de la administración se han clausurado 15 minas y a través de la Procuraduría del Medio Ambiente se emite la clausura y la multa.
Indicó que cuando una cantera o mina es sancionada, el daño se repara de dos maneras, la primera es emprender acciones de restauración, volver a plantar vegetación, y la segunda pagar una multa económica.
Cabe destacar que durante su visita a Tlilapan, San Andrés Tenejapan y Rafael Delgado, dos sitios de explotación fueron ubicados, a lo cual manifestó: “solicitamos información para ver si cuentan con permisos, de lo contrario, darles seguimiento para que ellos restauren los sitios”.
Finalmente, comentó que existe un censo en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, con la información relacionada a los resolutivos de minas y el aprovechamiento de minerales.
Ambientalistas indicaron que el daño que provocan quienes explotan la canteras es grave, hay cerros que se ven afectados por la explotación que hacen empresas con fines de lucro.
Consideraron que la sociedad civil debe exigir que se detengan proyectos que ponen en riesgo la vida de seres humanos, flora y fauna.
