Hace unas semanas hablamos del análisis que realizó CIDAC sobre el delito al que más le temían los mexicanos: el secuestro fue el resultado.“Delito que registra un promedio de diez casos por cada 100 mil habitantes, la mitad de lo que registra el homicidio…”, escribíamos en aquel entonces.
Ayer, la Secretaría de Gobernación daba a conocer datos muy alentadores en materia de lucha contra este delito. En voz de Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad y Medios de la Segob: “Como resultado de la coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno, además del trabajo de inteligencia e investigación, pero sobre todo gracias a la denuncia ciudadana, se consiguió en menos de 15 días la liberación de 67 víctimas de secuestro y la detención de 37 presuntos secuestradores…”; supimos más detalles de estas liberaciones: 51 de ellas eran de ciudadanos guatemaltecos, seis más de la India y la restante de un salvadoreño. Interesantes los gentilicios de éstos, los liberados, pues apenas la semana pasada sabíamos de otra liberación más, la de 165 indocumentados que fueron encontrados en Tamaulipas y que tienen como referencia inmediata aquella fosa en el municipio de San Fernando, en el mismo estado, donde no se escapó más que una sola persona, pero con él se encontraron 77 cuerpos.
De nuevo la misma historia, la de los migrantes que en su sueño por cruzar la frontera norte del país, son capturados por el crimen organizado y son forzados a ingresar en sus filas como sicarios, como agricultores. Eso es también una suerte, una muy mala, de esclavitud donde su única opción a “libertad” es la muerte. Y éste es también un paréntesis que se añade cuando se habla de la trata de personas.
Necesaria la difusión de este tipo de liberaciones, capturas y detenciones. Porque aunque entendemos que esto no significa un vuelco de 180 grados, sí son pasos que a su suma van bajando los números que hablan de incidencia y como los que arrojó el análisis de CIDAC; además, aumenta la percepción positiva de las autoridades para con sus ciudadanos. Es necesario que también el Gobierno federal y los locales, hablen de lo que poco a poco va reconstruyendo la muy lastimada seguridad.
Addendum. Hace unos días se dio a conocer un estudio que da pauta para otro debate. Lejos del tema de seguridad, se habla de las condiciones laborales de miles de niños y adolescentes en el país, quienes deben abandonar el entorno que debería ser suyo, el de los juegos, las lecturas que forman, la escuela, para ingresar a las estadísticas laborales. En este trabajo realizado por el INEGI se lee que tres millones de niños y adolescentes entre cinco y 17 años realizan alguna actividad económica. O sea, diez de cada 100.
El estudio dividió grupos por edad y sexo. Quiso especificar sobre cuántos de ellos trabajan y estudian, como parte de lo que la Constitución escribe, de ahí se arrojaron números sobre cuántos de ellos trabajan sin asistir a la escuela; pero lo más triste de la estadística es que se supo que uno de cada diez niños y niñas que trabajan lo hacen forzados y la mitad de estos casos sin ninguna remuneración. Esto está prohibido por la Constitución y no debe quedarse sólo escrito y referenciado en el estudio de INEGI, debe convertirse en una causa a la que también el Gobierno federal debe enfrentarse.
