Santos López
El Buen Tono
Córdoba.- La reciente designación de Juan Javier Gómez Cazarín como delegado de los programas federales del Bienestar en Veracruz ha generado una ola de críticas y cuestionamientos. Según activistas como Misael Martínez Ramírez, del Movimiento Independiente de Veracruz, y Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), este nombramiento responde más a un pago político que a un reconocimiento por su desempeño. Ambos señalaron que durante los seis años del ex diputado como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, dejó un historial de irregularidades y una red de corrupción que empañaron su gestión.
Molina Gómez enfatizó que este nuevo cargo parece ser una estrategia para proteger a Gómez Cazarín de las anomalías detectadas en su paso por el Congreso, donde manejó recursos públicos sin transparencia. “Su gestión estuvo marcada por desfalcos y desvíos que dañaron las finanzas del estado. Ahora lo colocan en un puesto clave para mantenerlo bajo resguardo político”, sostuvo el líder de CIDIAC.
Por otro lado, Martínez Ramírez también lanzó fuertes críticas al exdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado. Lo acusó de utilizar recursos destinados a programas sociales para fortalecer su imagen personal y financiar sus aspiraciones políticas, dejando a Veracruz sin los fondos etiquetados que fueron devueltos a la Federación. “Ese dinero regresó al gobierno federal para cubrir gastos de campañas políticas, mientras el estado sufría la falta de inversión en proyectos esenciales”, declaró.
