Por considerarla como un acto autoritario, las instituciones públicas de salud rechazaron la donación automática de órganos que establece la modificación a la Ley General de la Salud.
La donación presunta que establece la modificación a la ley, fue calificada como un “eufemismo” para disfrazar la toma u obtención obligatoria de órganos provenientes de personas con muerte encefálica y cardiaca.
