Orizaba.- “Las 55 agrupaciones de taxistas en el Estado estamos en contra de la recaudación con el reordenamiento vial”, señaló Carlos Sosa Pérez, dirigente de Radio-Taxi en Coatzacoalcos, al término de la reunión del Movimiento de Organizaciones Taxistas de la Zona Centro, donde se dijeron confiados en que ganarán la lucha porque les asiste la razón.
Dijo que son de Coatzacoalcos, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Orizaba, Poza Rica, Córdoba y sus alrededores, con una representatividad de más de 15 mil taxistas; “sí hemos sido escuchados, hacemos reuniones y acercamientos con funcionarios y diputados de fracciones parlamentarias”.
Comentó que entre los argumentos que les dieron los diputados locales es que el Gobierno del Estado nunca les informó que el reordenamiento tendría un costo, la inconformidad por los altos precios es generalizada, en todo el Estado, pues se habla que el procedimiento completo le costará a los concesionarios entre 8 mil y 9 mil pesos por cada unidad, “viene la revista, antidoping, examen médico, la pintura de los carros y el emplacamiento, todo eso tiene su costo”.
Señalan existe corrupción en los módulos
Sosa Pérez, manifestó que desafortunadamente y como ocurre en dependencias de Gobierno, la corrupción se da en los módulos y en contubernio con pseudolíderes se dedican a convencer a personas para hacer los trámites “en lo oscurito”.
“Es para no hacer cola, pero ya lo hace el ciudadano, el taxista que no quiere formarse o que desconoce, busca quién le haga su trámite aunque al final de cuentas debe ir el concesionario, porque le hacen un examen del iris, las huellas digitales, la fotografía”, explicó.
El representante de taxistas, Jairo Guarneros Sosa, indicó: “mientras el director nos dice que es válido cualquier documento que el concesionario presente para demostrar que está dando el servicio suficiente, pero al llegar a la empresa les piden una serie de documentos y ahí les dicen que si no los llevan no se les puede registrar, esto obviamente está generando corrupción, que afuera de los módulos existan coyotes”.
Agregó que igual pasa donde se tramitan las licencias, “obviamente me ponen peros en el módulo, voy con este señor y me lo resuelve a cambio de un dinero y entonces las ganancias se las están repartiendo entre ellos”.
Pedirán intervenga el Congreso
Como parte de los resultados de la lucha, dijo que se obtuvo una ampliación de la fecha límite y que sería hasta el 30 de septiembre, pese a ello, señaló que hay mucha intranquilidad en el sector, por lo que están buscando la intervención del Congreso de la Unión para que se dé una revisión a fondo de lo que hay detrás del programa.
Lo anterior, porque se tienen dudas sobre a dónde se están destinando los recursos del 15 por ciento a la educación, “en la zona, calculo que hay un avance del 30 por ciento, no más y muchos tienen sólo el permiso de circular, pensando que con el registro están seguros con su concesión, esa es una mentira, el módulo está actuando de manera inmoral por no explicarles a los compañeros que sólo es el primer paso del ordenamiento”.
Sufren amenazas en Orizaba
Guarneros Sosa agregó que el delegado de Transporte Público en la zona de Orizaba, Ignacio Paz Hernández, se dedica a amenazarlos y extorsionarlos, “eso no es otra cosa más que exhibir la ignorancia de este señor”.
Recordó que anteriormente los amenazó con quitarle la concesión a quien hasta el 31 de julio no se hubiera ajustado a los lineamientos del registro, “algo que es falso”.
Mencionó que lo más grave del asunto es que no se ha unificado un criterio entre el Gobierno, la Dirección General de Transporte y sus delegaciones, e incluso en la empresa encargada de realizarlo, “hay otros que ni siquiera dicen nada, pero amenazan y ahí están los hechos”.
