MÉXICO.- Ante la posibilidad de ser detenidos como presuntos participantes en la fuga de El Chapo Guzmán Loera, dos de sus abogados solicitaron amparo de la justicia federal.
Se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez y Andrés Granados Flores, parte del equipo de siete litigantes que desde el 22 de febrero de 2014 –cuando el capo fue detenido por segunda vez– presentaron recursos jurídicos para que no lo cambiaran de celda ni de penal, además de que la autoridad no le confiscara sus bienes ni lo extraditara a Estados Unidos.
El 11 de julio pasado, el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. Tres meses después, el 21 de octubre de 2015, el coordinador de sus defensores, Gómez Núñez, fue detenido como presunto organizador de la evasión.
Ante ello, Granados Flores decidió protegerse. El 22 de octubre tramitó el “amparo indirecto” 1649/2015 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Alegó violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura Federal refirió que Granados Flores pidió protección para evitar la “orden de búsqueda y localización”. El 27 de octubre se le pidió que ratificara la solicitud pero no acudió, por lo que el jueves 12 el juez determinó “no tener por presentada la demanda”. El miércoles 17, el Consejo de la Judicatura decidió subir a la red el documento correspondiente.
Granados Flores fue detenido la semana siguiente a la fuga de El Chapo, pero salió de prisión al mismo tiempo que un grupo de custodios y encargados de monitorear la celda vulnerada.
De acuerdo con el Gobierno Federal, Granados Flores contribuyó a la fuga “buscando los planos del penal de Almoloya a la vez que servía de mensajero con otros miembros del Cártel de Sinaloa”.
Con este abogado también fue aprehendido y liberado su hermano Javier Granados Flores, quien trabaja al menos desde hacía 10 años en la Policía Federal, aunque se desconoce si estaba asignado al penal de alta seguridad El Altiplano.
Javier Granados fue sancionado de manera “pública” el 9 de diciembre de 2005 por “negligencia administrativa”, como lo indica el expediente ER-342/2005 del Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
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