Monterrey.- En su afán de allegarse recursos en el 2021, el Gobierno federal ahora busca arrebatar una tajada de 30 por ciento de los fondos que obtienen las fundaciones de asistencia social en el país y que usan para apoyar a población vulnerable.
El regio Agustín Landa García Téllez, presidente de Comunalia -la alianza de Fundaciones Comunitarias de México sin fines de lucro que potencia el trabajo colectivo en 16 plazas del país- advirtió que, de aprobarse la Reforma Fiscal 2021, habría organizaciones que perderían por pago de impuestos un 30 por ciento o más de los recursos que obtienen para sus fines sociales.
“Entre otras cosas, la iniciativa pretende que los ingresos que tienen las organizaciones, cuando no sean por donativos y rebasen el 50 por ciento del total de lo que obtienen para sus fines sociales, tendrán que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), siendo que son organizaciones que no reparten utilidades”.
Como punto de referencia, con las modificaciones propuestas, las fundaciones en México pagarían hasta 14 veces más impuestos que una empresa que opera con ganancias en Estados Unidos.
Y es que en el vecino país una compañía paga 21 por ciento de impuesto federal sobre utilidades. Si éstas fueran del 10 por ciento sobre ventas, el gravamen sobre sus ventas sería del 2.1 por ciento, es decir apenas la catorceava parte de lo que pagaría una fundación mexicana por sus ingresos, que -en este caso- canaliza a la asistencia social.
Landa detalló que las fundaciones mexicanas reciben pocos recursos en donativos, por lo que los complementan con la renta de algún local para eventos y otras actividades, como sorteos o la comercialización de algún producto.
Ejemplificó el caso de una fundación en Puebla que ayuda a los niños de escasos recursos: un 70 por ciento de los ingresos de esta organización los obtiene de la venta de quesos que ellos mismos producen.
Con esto, ahora estarían sujetos al pago de impuestos.
“Se trata de organizaciones que no reparten utilidades”, reiteró. “Todo el dinero se va a fines sociales”.
Landa alertó también que la reforma contempla que en caso de que una persona, en su calidad de integrante de una Organización de la Sociedad Civil (OSC), cometa alguna irregularidad en materia fiscal, como el uso de facturas falsas, esa asociación perdería su estatus como receptora de donativos.
“Lo más grave es que la autoridad extendería esa sanción a todas las asociaciones civiles en las que participe esa persona que cometió la irregularidad”, señaló, “aún y cuando a las demás sociedades no se les haya detectado ninguna irregularidad”.
“Lo que estas organizaciones hacen con un Peso, el Gobierno lo hace con 5 pesos y lo digo porque ya hicimos un estudio sobre esto”.
