A ratos parece que México da pasos decisivos en la atención del problema de violencia delincuencial que lo azota desde hace una década.
La detención de personajes como Joaquín El Chapo Guzmán envía una señal —importantísima en el caso de los jóvenes—, de que no importa lo poderosos que puedan llegar a ser los capos del narcotráfico, pues lo único que les espera, al cabo de pocos años, es la cárcel o la muerte.
El país aún tiene una tasa de asesinatos que no debería alegrar a nadie, pero lo cierto es que ésta muestra un declive de 2011 a la fecha. En el primer trimestre de este año, la cifra de homicidios dolosos (cuatro mil 65) es la más baja en el último lustro, comparada con periodos similares.
Y, sin embargo, pese a esos avances, de repente nos topamos con hechos que echan abajo mucho de lo realizado, horadan la esperanza y hacen pensar que el proceso de construcción de instituciones confiables va a ser más largo y complejo de lo que imaginamos.
El homicidio de Sandra Luz Hernández, en Culiacán, es uno de esos hechos.
Fue asesinada a plena luz del día, en la colonia Benito Juárez de la capital sinaloense, a menos de tres kilómetros del Palacio del Gobierno.
Hace dos años buscaba a su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, de 25 años de edad, quien fue sacado de su casa, en la colonia El Progreso, el 12 de febrero de 2012.
Desde entonces su familia nada sabe de él. Como ocurre en muchos casos de desapariciones, la indolencia de las autoridades lleva a los parientes a realizar ellos mismos las investigaciones. Eso hacía, incansablemente, Sandra Luz.
El lunes pasado, como había hecho muchas veces, acudió a una cita en la Procuraduría estatal. Al parecer, saliendo de allí recibió una llamada en la que le pidieron ir a la colonia Benito Juárez para recibir información sobre el paradero de su hijo.
Quedó tendida sobre la calle 30 de Septiembre, muy cerca de la avenida Constitución, una arteria que cruza buena parte de la ciudad. Un desconocido, armado con una pistola 9 milímetros, le metió 15 balazos.
En la única entrevista que dio, al periódico El Noroeste, en agosto de 2013, Sandra Luz —madre de otros cuatro hijos hombres— lanzó un ruego al titular de la Procuraduría estatal, donde, por cierto, laboraba su hijo al momento de ser sustraído.
“Yo sé que en sus manos está ayudarme. Dios lo va a recompensar si me ayuda en eso, en encontrar a mi hijo. Últimamente se ha portado bien conmigo, y pues quiero pedírselo de todo corazón, que se sensibilice y que se ponga un poquito en la horma de nuestros zapatos, porque esto de verdad es algo mucho muy angustioso, muy desesperante. Mi hijo es mi hijo y yo lo parí, y así sea el peor delincuente del mundo yo quiero y tengo derecho de saber de él.”
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong condenó el asesinato de la también activista de derechos humanos. Y exhortó a las autoridades del estado a “iniciar una investigación exhaustiva para lograr la captura de los responsables de este delito”. Posteriormente conversé sobre este caso con Julio Hernández Barros, uno de los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo creado a principios de este año para vigilar el cumplimiento de la Ley de Víctimas.
Se dijo extrañado de que la autoridad estatal no hubiera respondido el oficio que la Comisión le envió para recordarle sus obligaciones con las víctimas de este doble delito: el asesinato de Sandra Luz y la desaparición de Édgar.
“Si esto sigue así, tendré que ir personalmente a Culiacán a recordárselos”, afirmó Hernández Barros. Y de paso, agregó, para conocer las razones por las que Sinaloa no tiene una comisión de atención a víctimas ni cuenta con un registro de violaciones a los derechos humanos.
–¿Qué le dice este caso? ¿Qué le dice que la madre de un desaparecido sea asesinada cuando realizaba su propia investigación? —le pregunté—.
–Que la violencia está desbordada y hay que hacerle frente con seriedad y no minimizarla. Que ha habido una gran indolencia e irresponsabilidad, y puede ser que hasta coparticipación, de muchos funcionarios públicos, que claramente operan contra los intereses de la ciudadanía.
Lo dicho: casos como el de Sandra Luz Hernández son un terrible recordatorio de que hay que perseverar en la lucha por la seguridad, que estamos muy lejos de recuperar la tranquilidad en las calles del país, que apenas estamos arrancando.
No olvidemos que el de Édgar es apenas uno entre un número incalculable de desapariciones pendientes de aclarar (26 mil, según el último cálculo de Gobernación). Y el homicidio de Sandra Luz es uno de los más de mil asesinatos que todavía ocurren cada mes en México.
La manera de remontar el bache es no permitir que quede impune este asesinato, que tiene muchos agravantes. Eso significa aclararlo a cabalidad, sin recurrir a chivos expiatorios.
Y si el estado no puede o no quiere encontrar a los responsables, siempre es posible que se haga a un lado y el caso lo atraiga la Federación.
