CDMX.- En las últimas dos décadas la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex)ha sido utilizada como un botín por sus empleados y directivos.
En ese período la Secretaría de la Función Pública —la encargada de vigilar el desempeño de los servidores y de auditar el gasto que estos hacen de los recursos federales— ha inhabilitado mil 444 funcionarios para desempeñar algún cargo en el Gobierno y ha emitido 890 sanciones económicas.
Las multas se dictan cuando se causa un perjuicio al Estado y regularmente son muy elevadas porque el monto puede ser hasta tres veces mayor al daño ocasionado. El problema es que sólo se logra recuperar cuando mucho un 10 por ciento de la multa.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que además de no pagar la sanción, los involucrados tampoco son castigados con cárcel.
Un ejemplo de la impunidad es la multa que se impuso a Rogelio Montemayor, extitular de Pemex y a otros cinco exfuncionarios involucrados en el famoso Pemexgate, que en el 2000 desviaron más de mil millones de pesos al sindicato petrolero y que la mitad de ese dinero terminó en la campaña de Francisco Labastida; la multa por 2.842 millones de pesos no fue cobrada. Las sanciones impuestas desde hace 20 años acumulan más de mil millones de dólares.
