AGENCIA
CDMX.- Rosario Robles Berlanga, cumple hoy tres años recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Hoy, a sus 66 años, Robles padece hipertensión y rinitis crónica, que ha desarrollado en el encierro, desde el 13 de agosto de 2020, tiempo en el que ha tenido diversos padecimientos, incluyendo Covid-19.
Pero aun detrás de las rejas se mantiene activa en su defensa y ha ganado ya diversos recursos jurídicos interpuestos como parte de su estrategia legal.
Sin embargo, sigue igual que hace 36 meses, en prisión preventiva y sin que se vislumbre su salida, pues se declara inocente y se ha negado a adherirse al criterio de oportunidad para inculpar a otros exfuncionarios.
Además porque, acusa ella misma, es objeto de una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Robles Berlanga está acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, pues como secretaria de Desarrollo Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría conocido de desvíos millonarios por más de 5 mil 073 millones de pesos, sin informar de ello a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal.
Esas irregularidades de las que tuvo presunto conocimiento, son las relacionadas con la trama conocida como la “estafa maestra”, un esquema que habría utilizado el gobierno de Peña Nieto para el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con esa ingeniería financiera 11 dependencias públicas acordaron con ocho universidades públicas la realización de diversos servicios, pero estas subcontrataron a 128 empresas fantasma que carecían de infraestructura o experiencia para los trabajos o incluso eran inexistentes, pero a través de las cuales se desviaron más de 7 mil millones de pesos.
Pero el proceso en contra de Robles Berlanga también ha generado dudas, entre ellas, que pese a la magnitud de la defraudación y las dependencias involucradas es prácticamente la única de alto nivel encarcelada y relacionada con el caso.
Además no es acusada de enriquecimiento ilícito o de realizar los millonarios desvíos, sino de incumplir con su deber de evitar que se afectara el patrimonio de las dependencias que tuvo a su cargo, anomalía que no es considerada grave y de acuerdo con la ley podría enfrentar en libertad, lo que no ha logrado.
En septiembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó una denuncia en contra de una presunta red de servidores públicos que habría sido empleada por Robles para beneficiarse con el desvío de 77 millones de pesos.
En octubre de 2020 se expidieron órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero estas no han sido ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Robles recurrió ante un Juez la orden de aprehensión en su contra y por ello el pasado martes 9 de agosto el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva contra la eventual detención.
Esta aún puede concretarse una vez que el juez entre al fondo del asunto y si así lo determina. Se espera que resuelva sobre el amparo solicitado por Robles el próximo 17 de agosto.
