De la Redacción
EL BUEN TONO
Fortín.- El alcalde, Gerardo Rosales Victoria, registra un enriquecimiento que resulta imposible de ignorar, pues mientras que en sus discursos se presenta como un servidor comprometido con la transparencia y el progreso, la realidad muestra otro rostro, uno donde las cuentas no cuadran, y los ciudadanos se ven limitados en su derecho fundamental para evaluar y cuestionar la gestión pública.
El crecimiento patrimonial del funcionario llamó la atención por la rapidez con la que ocurrió, pero también por el secretismo que lo rodea.
Aunque los ciudadanos tienen el derecho de exigir claridad en el manejo de los recursos públicos y los bienes de los servidores, Rosales parece preferir eludir los mecanismos de vigilancia y auditoría pública, amparándose en una serie de excusas que rozan burlarse de la inteligencia de los fortinenses a los que gobierna.
Cerrazón
En lugar de propiciar canales abiertos y participativos, la administración de Rosales Victoria restringe las herramientas de transparencia y de acceso a la información pública.
Lo anterior incluye la limitación de la información disponible y el constante retraso en la publicación de documentos clave que permitan a los pobladores conocer la realidad de las finanzas municipales actuales.
Sin una adecuada rendición de cuentas, las dudas sobre el uso de los recursos crecen y la percepción de corrupción se refuerza.
Los intentos de cuestionar tal opacidad se reciben con respuestas evasivas, o incluso con el uso de argumentos legales para justificar la falta de transparencia.
Al limitar la vigilancia ciudadana, el alcalde socava uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho a fiscalizar a quienes representan al pueblo y administran los recursos que, en última instancia, pertenecen a todos.
Este manejo poco claro refuerza una desconfianza justificada en una gestión que tiene intereses personales por encima del bienestar colectivo.
