Orizaba.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reveló anomalías financieras en el Ayuntamiento orizabeño, el cual preside Igor Rojí López.
De acuerdo a una nueva auditoría realizada por el órgano autónomo a la Cuenta Pública 2018, detectó cuatro observaciones por, presuntamente, mal manejo de dinero.
La Administración municipal compró laptops personales por un monto de un millón 522 mil 843.36 pesos, mismas que fueron entregadas al personal de confianza por órdenes del Alcalde, “como apoyo y motivación”, mismas que deben ser descontadas por nómina en un plazo de tres años.
Sin embargo, dice el Orfis, hasta 2018 se había recuperado la cantidad de 366 mil 186.00 pesos, según reporte auxiliar de la partida contable 1108-01-01002; sin embargo, no presentaron los recibos de nómina que permitan verificar los descuentos realizados, asimismo, no anexaron el Acta de Sesión de Cabildo donde se apruebe la adquisición de las computadoras.
Otra anomalía es que, según información proporcionada mediante compulsa por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el Ayuntamiento no ha remitido a dicho Instituto el presupuesto de egresos y la plantilla de personal de los ejercicios de 2014 a 2018.
El Orfis informó que en registros contables y estado de cuenta bancario número 65506579140 del Banco Santander (México), SA, existe un saldo no ejercido de 3 millones 170 mil 016.18 pesos; lo que demuestra que Rojí López no ejerció en su totalidad los recursos recibidos de Conagua, por lo que no cumplió con el principio de anualidad; además de que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En el proceso de solventación, dijo que ha ejercido en obras 8 millones 802 mil 046.54 pesos, sellado de recibido por parte de la dependencia federal con fecha 30 abril de 2019, pero sin respaldo del convenio de la Conagua, por lo que instruyó al Titular del Órgano de Control Interno, dentro de sus atribuciones, fincar las responsabilidades que correspondan e instruir a las áreas encargadas, a fin de que se efectúen los reintegros a la Tesorería de la Federación por el importe del o los remanentes más los rendimientos financieros generados, ello con independencia de que alguna otra autoridad competente haga exigible el reintegro de los recursos no devengados.
