Por: Andrés Timoteo / columnista
“Le perdieron el respeto a la vida”, han expresado tanto los integrantes de colectivos que buscan personas desaparecidas como personal forense que ha extraído los restos humanos hallados en fosas clandestinas de Río Blanco y otros municipios de la zona Centro del Estado. Y lo han dicho con horror por las condiciones de los cadáveres y osamentas que, a simple vista, revelan el sufrimiento que se les infringió a las víctimas.
“Lo encontrado en Río Blanco es escalofriante”, narra un activista quien, a pesar de haber visto horrores en otros sitios similares, especialmente en el cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe en el Puerto de Veracruz, está asombrado por lo encontrado en el corredor fabril, donde, y hasta la fecha, hay al menos siete puntos ubicados con inhumaciones clandestinas.
En tres de ellos ya se extrajeron diez cuerpos, pero la presunción es que habría muchos más restos humanos en todos esos sitios. ¿20, 50, 70, 100? Es posible, pero nadie lo sabrá con exactitud hasta que se exploren esos lugares. Por lo pronto, desde el fin de semana trascendió la noticia de nuevos hallazgos en la región fabril. ¿En qué condiciones estarían esos cadáveres o restos óseos que han horrorizado hasta los que están acostumbrados a desenterrar a víctimas del crimen organizado?
No se trata de la fragmentación de huesos o el estado de descomposición de la carne sino de las circunstancias paralelas -y físicas- que revelan la forma de muerte. ¿Maniatados? ¿Desmembrados? ¿Calcinados? ¿Con huellas evidentes de tortura sádica que aún no se borran? En Chile, tras finalizar la dictadura de Augusto Pinochet, entre los que se abocaron a la búsqueda y procesamiento forense de fosas clandestinas hubo fotógrafos que retrataron la condición de los cuerpos, especialmente de los rostros de las víctimas exhumadas.
Las imagenes demostraron que aún los esqueletos mismos tenían un gesto de dolor, algunos con la boca abierta en señal de que gritaban cuando murieron, otros con huesos faciales destrozados durante la tortura. Si en Veracruz se hiciera un registro gráfico similar, sin duda la opinión pública se asombraría con la saña que los criminales trataron a sus víctimas, no sólo cuando estaban vivas sino a sus cadáveres. Y no sólo es Río Blanco sino en la zona Centro se han localizado sepulturas clandestinas en Ixtaczoqui-tlán, Acultzingo, Omealca, Fortín de las Flores y Tezonapa.
La región Centro fue -y sigue siendo en buena medida- zona de operación de los cárteles del crimen organizado con municipios como sede de operaciones de estos. Y también con servidores públicos y políticos que estuvieron involucrados con esas organizaciones delictivas. No hay que olvidar que desde el 2016 y el 2017 se supo que el exalcalde de Ixtaczoqui-tlán, Nelson Votte Ramos, es propietario de predios donde se localizaron fosas clandestinas.
Él, Votte, y quien fue su comandate de la Policía Municipal, Pedro Bernabé Báez, son dueños de ranchos en las comunidades Moyoapan y Campo Chico, donde se enterró a gente desaparecida. Es decir, prestaron sus terrenos o ellos mismos estaban implicados en la desaparición de personas e inhumación ilegal de sus cadáveres.
¿Cuántas personas desaparecieron en la zona Centro durante los gobiernos del innombrable y de Javier Duarte? Los registros son parciales, pero se habla de al menos 200 en las estimaciones más moderadas y hasta mil 500 en las extremas. Hay casos específicos como las redadas policiacas en Córdoba-Atoyac, el secuestro de mujeres en Orizaba y de decenas de desaparecidos más en la región Huatusco-Coscomatepec. Son las cifras -estimadas del horror-.
Mañana jueves, 10 de mayo, el Día de las Madres en Orizaba, de la plazuela Santa Gertrudis hasta el parque “Alberto López Nava”, donde se ubica el Monumento a la Madre. Las convocantes son, precisamente, mujeres que llevan años buscando a sus desaparecidos. La marcha ha sido nominada “Una madre nunca olvida” y es una forma de canalizar su desolación por no hallar a sus hijos. Exhibir el dolor en público -a veces llorando, otras gritando y también marchando- son mecanismos para aminorar el dolor.
EL JUSTO JUEZ
La semana pasada, en este espacio, se tocaba el tema de los 27 años de la explosión en la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz, SA (Anaversa) que dejó una estela de muerte y dolor en Córdoba, misma que se extenderá por un siglo por la toxicidad activa de las dioxinas generadas durante el siniestro.
Se refirió también que uno de los exfuncionarios municipales involucrado en la desaparición de un fideicomiso por 100 millones de pesos, creado por el exgobernador Dante Delgado, para dar atención médica a los afectados por la tragedia, ya está dando cuentas al destino porque padece desde hace tiempo un cáncer que no ha podido erradicar por mucho dinero que tenga para el tratamiento -las víctimas de Anaversa también desarrollaron enfermedades cancerígenas-.
Pues bien, la madrugada del lunes falleció otro de los que bloquearon la ayuda a las víctimas del desastre químico, Jesús Kumate, quien fue secretario de Salud entre 1994 y 1997, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y uno de los funcionarios que impidió toda investigación sobre el caso y la realización de barridos epidemiológicos en la zona. El funcionario negó siempre que los casos de cáncer que aparecieron masivamente en las colonias cordobesas tuvieran relación con el desastre químico.
Kumate tuvo una muerte innoble. Durante los últimos diez años padeció la enfermedad de Parkinson y en los últimos dos su calidad de vida se deterioro al grado de la ignominia. Es el Divino Justo Juez que se acordó de ellos, dirían las abuelas. Y todavía faltan más implicados con ese crimen de lesa humanidad, abandonar a los enfermos.
Uno de ellos fue también titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) desde donde también bloqueó toda investigación para castigar a los propietarios de Anaversa, y luego como gobernador de Veracruz, ignoró toda petición de ayuda para los afectados. Ese político ahora vive solo, olvidado por su familia y por los políticos a los que sirvió. Se llama Patricio Chirinos Calero.
MAL
ACOSTUMBRADOS
En el tema del combate a la delincuencia sorprende las resistencias de muchos sectores para sumarse a las medidas urgentes para devolver el Estado de Derecho. Muchos se quejan y vociferan sobre las estadísticas de violencia, pero cuando les toca hacer su parte se niegan a cooperar, demostrando que la fidelidad los dejó tan mal acostumbrados que prefieren trasladar culpas a otros.
Hay empresarios que lloran porque no quieren instalar sistemas de videovigilancia o se rehúsan a pagar agentes de seguridad para resguardar las plazas comerciales y exigen que lo haga el Gobierno con cargo al bolsillo de los contribuyentes, transportistas se quejan de los trámites para el empadronamiento y verificación de concesiones, banqueros tampoco quieren pagar seguridad privada de sus agencias y hasta los motociclistas se niegan a usar un chaleco y cascos con los números de placas.
El argumento de estos últimos es ridículo: que obligarlos a usar el chaleco identificador es “estigmatizarlos”. Son la irresponsabilidad sobre ruedas, Ojalá que el Gobierno no ceda y ponga orden en la circulación de este tipo de vehículos. Nada más para cuantificar la necesidad de corregir esa situación hay que ver estadísticas: 7 de cada 10 “ejecuciones” las cometen sicarios que viajan a bordo de motocicletas. Con eso caen los argumentos de los mal acostumbrados. ¡Qué los metan en cintura!
LOS FRAUDULENTOS
Como se había previsto, la presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid, España, Cristina Cifuentes, renunció al cargo desde el pasado 27 abril, tras 36 días de escándalo por haber falsificado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El pretexto para que el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, la obligara a dejar el cargo fue la retransmisión de un video en el que se le ve robando cosméticos en un centro comercial, pero que data de 2011. La cinta fue reciclada para tener un pretexto.
El caso lo destapó una investigación del periódico Eldiario.es y durante 36 días, Cifuentes se resistió a dimitir con apoyo del derechista Partido Popular (PP). Hay una investigación judicial en curso que podría llevar a Cifuentes hasta el banquillo de los acusados. Ya se dijo en este espacio que mientras en otros países engañar a la opinión pública y a las instancias oficiales con estudios falsos genera escándalo y trae consecuencias penales, en México es casi una proeza que muchos aplauden.
El ejemplo por antonomasia es el del presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, quien se “fusiló” textos ajenos para integrarlos a su tesis que en 1991 presentó para obtener el título de Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. El escándalo fue grande, pero las consecuencias pírricas. Ahí sigue el plagiador ocupando Los Pinos, ni el retiro del título universitario y ni siquiera un apercibimiento.
Y qué decir de otros fraudulentos a nivel estatal que falsificaron títulos, los compraron o traficaron influencias para obtenerlos. Tres ejemplos vigentes bastan: uno de ellos es secretario general de Gobierno, otro es Delegado del Gobierno Federal en Veracruz y otro más es Diputado Local y hasta lidera una micro-bancada voraz. Éste último es el más sinvergüenza porque no sólo falsificó su título de Licenciatura sino también los del bachillerato. Pura gente que hasta para parecer ‘letrada’ hacen chanchullos.
