Por Andrés Timoteo / columnista
RIESGO DE ‘MINUTEMEN’
En el mismo tema, hay otro disparate del Gobierno Federal en torno al problema de la migración de centroamericanos. Ahora se pretende obligar a los ayuntamientos para dar empleo a cien migrantes -cada uno- durante tres meses a fin de evitar que sigan su camino hacia el Norte. En Veracruz, por medio de la Secretaría General de Gobierno y la delegación del Bienestar, que encabeza Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ya se presiona a los alcaldes para implementar dicho plan.
Empero, la pretensión de convertir a los migrantes centroamericanos en empleados municipales es un embrollo con triple filo. Uno, porque eso no será suficiente para frenar el flujo migratorio, ya que el pago salarial propuesto es ridículo frente a lo que un trabajador, aunque sea indocumentado, puede ganar en Estados Unidos si logra cruzar la frontera.
Acá les darán 130 pesos diarios y sólo por tres meses, que es el periodo que les ofrecen cuando en territorio gringo pueden ganar como mínimo 1 mil 200 pesos al día. La diferencia es abismal y los migrantes si bien podrían aceptar esos trabajos ofertados por los ayuntamientos solo sería para ahorrar y continuar después su viaje, después de que termine el contrato trimestral. No servirá para detenerlos.
En segundo punto, el proyecto es una bomba para las comunas que los implementen y, claro, para el que lo impulsa, es decir Morena, porque eso se los reprocharán en tiempos de comicios cuando busquen nuevamente el voto ciudadano y les recuerden que prefirieron beneficiar a extranjeros que a los mismos mexicanos.
Destinar un presupuesto multimillonario -porque ese programa se aplicará en al menos 12 estados del sureste mexicano y decenas de ayuntamientos- para pagar mano de obra migrante cuando miles de connacionales padecen la desocupación crónica o empleos irregulares con salarios miserables -que a veces ni siquiera llegan a esos 3 mil 900 que pagarán al mes a los extranjeros- tendrá un inevitable costo electoral en el 2021.
La tercera arista y que es la más peligrosa porque toca lo humanitario, es que el programa podría ser un detonante para la xenofobia que ya se palpa en algunas regiones. Marginar a los mexicanos -y en este caso específico a los veracruzanos- para beneficiar a los migrantes extranjeros con trabajo y salario seguro sembrará el odio social. No serán pocos los que acusen a los migrantes de venir a robarles los empleos.
Dicho argumento es el que usó y usa el norteamericano Donald Trump para asegurarse el voto de la población blanca, de escasa preparación educativa y altamente xenófoba. El odio al extranjero es un instrumento político y electoral muy eficiente, pero en México funcionará al revés pues aquellos que se sentirán desplazados con ese programa verán como enemigos a los migrantes, pero también a los gobernantes morenistas que lo impulsan y a los de cualquier otro partido político que lo implementen.
El odio hacia el migrante que impulsará la “Cuarta Transformación” dará al traste con los llamados a la solidaridad con el caminante y la empatía con la causa de aquellos que huyen de la miseria, el autoritarismo o la violencia. Ya el Gobierno Federal persigue con la policía y la milicia a los extranjeros indocumentados, ahora azuzará indirectamente a la población para hacer lo mismo.
El tercer filo de este asunto es el más tóxico porque si hoy es la Guardia Nacional la que caza a los migrantes, al rato serán los propios ciudadanos quienes organicen las cacerías para atrapar a quienes les roban empleos, igual que se hace en algunos condados estadounidenses. Brotará la versión mexica de los ‘Minutemen’ porque el migrante centroamericano dejará de ser visto como hermano necesitado al que hay que ayudar y se convertirá en el ‘otro’ que amenaza nuestros trabajos y economía.
URGENCIA POLÍTICA
El presidente López Obrador realizó su octava visita a la entidad veracruzana en lo que va de su Gobierno. Estuvo en Chicontepec, municipio indígena al Norte del Estado que popularmente es llamado “El balcón de la Huasteca” y que tiene una pobreza espantosa. Está enclavado en una zona de caciques feroces y marginación sistemática, es decir, abandono de las instituciones gubernamentales.
Allí el tabasqueño acudió al hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar el esquema de sanidad pública. Obviamente tuvo que reconocer lo evidente que la atención médica es deficiente como en todas las regiones rurales e indígenas del País. Citó como ejemplo el abasto de medicinas, pues mientras el nosocomio de Chicontepec tiene entre 120 claves -o sea fórmulas de medicamentos- disponibles, lo exigible es que haya 700.
Esto significa que solo tiene un abasto del 18 por ciento de lo que debería tener para dar una atención optima a los pacientes. Lo mismo en cuestión de personal, pues son casi inexistentes los médicos especialistas en los hospitales rurales y aunque ayer López Obrador prometió que estos ganarán un mejor sueldo si se deciden a laborar en zonas marginadas todo se enmarca en una promesa más porque el IMSS como el Issste y otras instituciones de sanidad pública están siendo sometidas a una restricción brutal de presupuesto.
La austeridad republicana de la “Cuarta Transformación” -que algunos ya califican como “miseria franciscana”- ha paralizado varios programas de atención médica prioritaria como son los tratamientos oncológicos, los medicamentos a portadores del VIH, atención a personas con insuficiencia renal y otros padecimientos que ha obligado a los mismos enfermos y familiares para salir a protestar en la vía pública.
Entonces, la realidad contradice el discurso del gobernante. Elevar el abasto de medicina y médicos, multiplicar la formación de galenos en universidades, elevar el salario al personal y entregarles a todos los trabajadores la base laboral al final del sexenio como lo anunció ayer suena a promesas discursivas. El tabasqueño sigue en campaña, basta oír su discurso.
En Veracruz también hay también contradicciones delicadas sobre las prioridades en la salud pública, pues mientras ayer el propio Presidente evidenciaba que en poblados rurales se dificulta el traslado de pacientes a hospitales urbanos por la falta de ambulancias, la administración de Cuitláhuac García se dispone a retirar 168 de estas unidades a los ayuntamientos que las recibieron en el bienio pasado.
Con el argumento de que las ambulancias son para hospitales no para los ayuntamientos y que el panista Miguel Ángel Yunes cometió una irregularidad al entregarlas a los cabildos, el Gobierno cuitlahuista se apresta a cometer con atentado sanitario contra la población ya que en las comunidades rurales el uso de estas unidades es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Todo aquel que haya vivido o conozca el contexto socioeconómico y geográfico de las poblaciones rurales lo sabe.
Quitar las ambulancias a los ayuntamientos es conspirar contra la salud de miles de pobladores, pero al cuitlahuismo parece no importarle porque su objetivo es desmantelar todo lo hecho por el Gobierno anterior sin reparar que esa revancha podría costar vidas. Es bueno que audite a la administración anterior y denuncie penalmente si encuentra irregularidades, pero es reprobable que desmonte lo bueno que se hizo para el beneficio comunitario. La urgencia del Gobierno de García Jiménez es política, no sanitaria.
