La delegación del gobierno y empresarios mexicanos, el presidente Peña Nieto y dos de sus antecesores, que coincidieron en Davos esta semana, pudieron conocer de primera mano las preocupaciones de las grandes multinacionales que hoy son símbolo de la globalización. En esa especie de gran casino que reúne en los Alpes suizos a banqueros, académicos e inversionistas, se advierte —como lo hiciera Marx en el siglo XIX— que el mayor riesgo para el capitalismo en los próximos años es la expansión de la brecha entre ricos y pobres en el planeta. En su evaluación anual de peligros globales, el Foro Económico Mundial concluye que la disparidad en el ingreso y las agitaciones sociales son los temas que más afectarán a la economía mundial en la próxima década, incluso cuando las naciones desarrolladas comienzan a recuperarse de la crisis de 2008.
La creciente atención de la elite global por la desigualdad es un dato que no puede pasar desapercibido a la política pública de los países emergentes, como México. Por ejemplo, como se ha recordado los últimos días, el ex presidente Salinas decidió impulsar el TLCAN con EU y Canadá al encontrar en su primera visita a Europa que los mercados latinoamericanos no figuraban entre sus prioridades porque se concentraban en las naciones europeas. Ahora el gobierno mexicano debió reparar en que si las fuerzas del mercado van a toda marcha, es urgente tomar medidas para evitar que arrase con la precaria y débil cohesión social en el país. Si los poderes más influyentes de la economía global ven que hay que tomarse con cuidado la insatisfacción y la disolución del tejido social, parece oportuno revisar las políticas públicas y fiscales que eviten profundizar la brecha en el ingreso.
Es posible que el temor a la agitación social haya estado en el fondo de los cuestionamientos sobre la violencia y las autodefensas, que recibió Peña Nieto en Davos. No sólo por la preocupación obvia de la inseguridad que genera el crimen, sino también por las protestas sociales y contra la corrupción que hemos visto recientemente desde Tailandia hasta Brasil. Un temor que recorre también a EU porque —como señalaba esta semana el Wall Street Journal— la globalización en los últimos 25 años ha hecho más desiguales a los países ricos, con una notable disminución del ingreso y oportunidades de la clase media y baja. El mayor desafío para EU, según el propio presidente Obama, es la “peligrosa y creciente desigualdad” que socava el fundamento de la clase media (4/12/13).
En México muy pocos hoy defenderían, como se llegó a decir, que avanzamos a un país de clase media. Desde la crisis económica global de 2008, millones de mexicanos se suman a la pobreza y en 2013 fuimos el único país latinoamericano en el que la población en esa situación creció de 36% a 37%, según la CEPAL. Estos resultados serían suficientes para revisar las implicaciones del modelo económico de las últimas tres décadas en la destrucción del tejido social, que ahora preocupa tanto a los organismos financieros internacionales que lo han impulsado. Y también en qué medida el mapa de la inseguridad se relaciona con los lugares donde más se agrava la brecha entre ricos y pobres. En muchos casos la ruptura de cohesión es terreno propicio para la penetración del crimen y hasta el apoyo a actividades ilícitas como el narco, y no necesariamente al revés. El problema no es, como resumió el ex presidente Zedillo, la falta de Estado de derecho, sino de los estragos del modelo económico en la legalidad.
Sobre todo porque la desigualdad refleja la débil presencia de las instituciones del Estado y de las políticas públicas para evitar la concentración de riqueza. Como también indican los datos de la CEPAL, las políticas fiscales no han logrado que la población diez por ciento más pobre reciba casi cinco veces menos transferencias del presupuesto público que el diez por ciento con mayores recursos. Si en efecto el crecimiento de las últimas décadas apenas ha sido raquítico, y apenas promedia 2.4% anual, lo cierto es que incluso los recursos disponibles han sido mal repartidos.
Imposible dejar de ver la impunidad y la corrupción como explicación de la ineficacia de las instituciones y factores de desigualdad. No hay que ir mucho más lejos de los actuales escándalos de legisladores del PAN sobre la extorsión y cobro de comisiones para asignar recursos a estados y presidencias municipales de obras públicas; o la política de los diezmos por ejemplo en las delegaciones del DF.
