El Pacto por México, conformado por las principales expresiones políticas del país, al inicio del sexenio 2012-2018 consideró impostergable la realización de las reformas estructurales para el desarrollo nacional, acorde a las expectativas internacionales del siglo XXI. Una de ellas fue la Reforma Educativa, la cual está integrada por cuatro ejes: a) Un censo nominal de escuelas, profesores y estudiantes de educación básica y especial, a través del INEGI, con la finalidad de conocer sus características específicas y crear el Sistema de Información y Gestión Educativa; b) la reglamentación del artículo 3° Constitucional mediante la Ley General de Educación; c) la creación del órgano de gobierno y ley reglamentaria del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE), dándole autonomía y elevándolo a rango constitucional, y d) la profesionalización del magisterio regulada mediante la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Estas leyes fueron promulgadas el pasado 10 de septiembre, por el presidente Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos, después de un arduo trabajo legislativo que se remonta al inicio de la presente administración federal y en el que se escuchó todas las voces del gremio magisterial a través de mesas de trabajo para construir propuestas tendientes a mejorar la calidad educativa del país, sin lesionar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y en las que la CNTE no presentó propuesta alguna.
Días antes de la promulgación, en el estado de Veracruz inició una revuelta magisterial fundamentada en la manipulación, el engaño y la confusión, y en la que no participa el medio educativo en su totalidad.
Entre los argumentos que se manejan para intentar sumar adeptos están: 1) Perjuicio en los derechos laborales de los docentes con las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial, lo cual es totalmente falso, como lo demuestran las Respuestas al documento 32 razones inaceptables en la Ley General del Servicio Profesional Docente que elaboró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con sólidos argumentos legales que desmienten el referido documento que sirvió para confundir y crear incertidumbre en el medio educativo; 2) Pérdida de la seguridad social, antigüedad en el servicio y conquistas salariales, falacia mordaz que cae por sí misma al revisar el Apartado B del Artículo 123 Constitucional, la no retroactividad en la aplicación de cualquier ley, que estipula el artículo 14 Constitucional, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el caso de los maestros federales. Del mismo modo, el salario, aguinaldo, compensación de fin de año, compensación docente, prima vacacional y todas las demás prestaciones acordadas con el Gobierno del Estado de Veracruz mediante minutas no son negociables y, por lo tanto, no se pierden; 3) Privatización de la escuela pública originada por la modificación de la fracción XXV del artículo 73 Constitucional, concerniente a un nuevo modelo de gestión educativa, en el que la gratuidad de la escuela pública no se pierde como lo instituye el artículo 3° Constitucional; en cambio, con la reciente reforma hacendaria, sí se establece la aplicación de IVA en el pago de colegiaturas en las escuelas privadas. Con este argumento se ha venido engañando a algunos padres de familia, quienes se han unido a las marchas y toma de escuelas y edificios, y 4) Falta de solidez académica del Instituto Nacional de Evaluación (INEE). Nada más falso: sus integrantes fueron seleccionados por el Senado de la República y como requisito indispensable se estableció que fueran ajenos al ámbito político, que no hubieran tenido cargos públicos y que tuvieran un sólido currículum. Por ende, dicho instituto autónomo está integrado por eruditos de la talla de Sylvia Schmelkes, Gilberto Guevara Niebla, Margarita Zorrilla Fierro, Eduardo Backhoff, entre otros. Y ese mismo criterio se aplicará, en su momento, para instalar el Instituto Veracruzano de Evaluación Educativa.
Pero, ¿quién se beneficia con esta revuelta magisterial veracruzana, que nos recuerda las novelas de la Revolución Mexicana, donde se narra que la gente simplemente se metía a la “bola” sin saber de qué se trataba? ¿Por qué se habla de un movimiento “sin siglas” que pretende desconocer y rebasar liderazgos, pero que, en su propia sinergia demagógica, el silogismo se convirtió en sofisma? Recordemos que, históricamente, la CNTE ha sido, desde 1979, el ala disidente, radical y contestataria del SNTE, la cual, mediante acciones violentas, vandálicas e intimidatorias, ha presionado a los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tabasco y Guerrero para que cedan a sus pliegos petitorios, olvidando los ideales que le dieron origen, según algunos de sus fundadores. Sin embargo, en Oaxaca comenzaron a perder simpatías entre los padres de familia. El SNTE, en cambio, le apuesta al diálogo y la negociación, así como a su reingeniería ante estos nuevos escenarios, por lo que ni la detención de Elba Esther Gordillo Morales provocó que se rompiera esta línea de trabajo con el gobierno federal.
Por otra parte, en Veracruz existen 17 sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales de la educación. Es decir, el sindicalismo magisterial veracruzano está atomizado; no hay liderazgos sólidos que logren unificar fuerzas para enfrentar un Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en presunta crisis; para defender a sus agremiados de contratos temporales en lugar de plazas definitivas o de sistemas de gestión educativa de algunos subsistemas en los que lo único que brinda la SEV son las plazas del personal docente.
Como puede apreciarse, se trata de un río revuelto en el que unos cuantos buscan llevar agua para su molino, posicionar sus propias agendas, negociar favores o posiciones políticas a costa de la desestabilización social: lo último que buscan es defender a la escuela pública. Afortunadamente, es una simple revuelta que está perdiendo fuerza, se está debilitando, y caerá por su propio peso. La escuela pública se defiende en las aulas con el trabajo y dedicación de los maestros, por lo que no es válido violentar la libertad de aquellos profesores que quieren continuar su labor educativa, defendiendo el derecho constitucional de los niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación de calidad, pero se los impiden mentores ajenos, incluso, a las escuelas tomadas, con la intención de simular que todos los maestros veracruzanos apoyan su causa. Es hora de que gobierno, sociedad y el sector magisterial progresista inicien acciones orientadas a serenar a los manifestantes y retomar la actividad escolar en la entidad veracruzana.
