AGENCIA
Nacional.- En medio de las recientes confesiones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su solicitud a Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para influir en decisiones judiciales, se ha destapado un intento del exministro por asegurar un “retiro dorado” con fondos públicos.
Según lo expuesto por el columnista Salvador García Soto en El Universal el 21 de febrero, Zaldívar “fue pillado y frenado en su intento de asegurarse un ‘retiro dorado’ con cargo a los impuestos de los mexicanos”. En su texto, García Soto detalla que Zaldívar pretendía una pensión mensual de 251 mil pesos durante dos años, seguida de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales, además de una serie de beneficios adicionales.
Entre las solicitudes del exministro se encontraban 11 asistentes pagados por la Corte, cinco personas de servicio, seis escoltas para su seguridad, y dos camionetas Suburban blindadas, cuyo mantenimiento y combustible serían cubiertos también por el presupuesto de la Corte.
Sin embargo, esta petición fue rechazada por considerarse “ilegal” y “excesiva” por parte de varios ministros que argumentaron que las condiciones solicitadas diferían del acuerdo interno de la Corte de 2013, el cual establece bases más limitadas para el retiro de ministros.
Además de estas peticiones, Zaldívar también solicitó llevarse diversos equipos y objetos de valor de la SCJN a su hogar, incluyendo laptops, iPads, equipos de cómputo, impresoras y otros dispositivos electrónicos, cuya suma total superaba los cientos de miles de pesos.
Ante la mayoría de ministros que objetaron sus peticiones, Zaldívar presentó un supuesto “anexo” al haber de retiro del ministro Franco González, en el cual se le habrían otorgado beneficios similares a los que él solicitaba. Sin embargo, muchos ministros afirmaron desconocer dicho anexo y aseguraron que no se les informó sobre estas condiciones al aprobar el retiro de González.
Finalmente, todas estas pretensiones fueron negadas por decisión mayoritaria de los ministros, quienes consideraron que excedían los límites legales y éticos establecidos para los retiros de funcionarios públicos.
