Mariana Gutiérrez h.
El Buen Tono
Orizaba.- Veracruz vive un retroceso en materia judicial, tras la cancelación de las ciudades judiciales y el traslado de juzgados a sitios que no son cabeceras distritales, manifestó el presidente de la Barra de Abogados del Estado, Miguel Ángel Salazar Torres.
Explicó que desde el inicio, el proyecto se desarrolló mal, debido a que se planificó de forma incorrecta.
Recordó que anteriormente existía un Consejo Consultivo Estatal que integraban abogados y se manejaba un fondo para las ciudades judiciales, que presidía el gobernador.
Sin embargo y debido a que la administración de Javier Duarte fue un caos, muchos planes en materia judicial quedaron varados y hubo contratos que no se llegaron a realizar en todos los distritos judiciales.
Refirió que cuando llegó Edel Álvarez Peña al Tribunal Superior de Justicia dejó inconclusos los planes por falta de recursos, los cuales fueron insuficientes desde el principio y como consecuencia varios triplicaron sus costos, por una mala planificación.
“Ahora el nuevo gobierno estatal cambió a dos presidentas del Tribunal Superior de Justicia, quienes tampoco pudieron investigar en dónde quedaron los recursos anteriores, ni tratar de recuperar los propios para construir las ciudades judiciales, esto es un retroceso en el que cayó la justicia en Veracruz.
En la actualidad, destacó que están desapareciendo juzgados de lo familiar, los convierten en ordinarios y viceversa, en tanto que en las cabeceras o distritos judiciales hacen una desconcentración de los juzgados civiles y penales, para beneficiar a los municipios que no tienen la densidad de población”.
Aseguró que no es de su competencia que el Tribunal Superior se desarrolle en los municipios que carecen de infraestructura, cuando debiera ser todo lo contrario, los poderes deben estar concentrados en la zona metropolitana, por la densidad de la población de los justiciables y porque ahí inicia toda la impartición de justicia en las cabeceras municipales.
Finalmente, expresó que trasladarlos a otros municipios representa un gasto para las personas que están dentro de los procesos judiciales; porque “se carece de infraestructura y bancos, es un retroceso que se acumula y genera un rezago que aumentará conforme pase el tiempo y eso entorpece la impartición y aplicación de la justicia en la entidad, lo que es de pensarse”.
