Orizaba.- El presidente de la Unión Democrática de Pensionados y Jubilados Asociación Civil de la región Córdoba–Orizaba, Jesús Arenzano Mendoza, informó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), dio a conocer que hace algunos meses hubo un acuerdo para tomar de las reservas del fondo de pensionados un monto de 765 millones de pesos, dejando un aproximado de mil 200 millones de pesos y que actualmente la intención es tomar el resto de la reserva, por lo que ofrecieron a cambio de este dinero el estadio Luis Pirata Fuente.
Dijo que es por ello que exigen al Instituto dé a conocer el acuerdo en donde se decidió utilizar los 765 millones de pesos, así como una explicación bajo qué condiciones hubo ese acuerdo, sin embargo, el problema que actualmente aqueja es que esa acta no la quieren presentar, razón por la que exigirán que revelen para qué utilizaron este dinero.
Comentó que “es preocupante que si se llevan el total de las reservas no va a haber con qué respaldar las pensiones”.
Como dato explicó que en el 2010 el ahora ex director del IPE, informó que la reserva técnica al 30 de noviembre era de 5 mil millones de pesos y un mes después en el último informe de Gobierno del anterior Gobernador se dijo que era de 4 mil 300 millones de pesos.
Lo que no se explican es por qué no ha habido crecimiento en las reservas, dado que se supone que los intereses generados por préstamos deben ir directamente al fondo del IPE, pero con el tiempo este dinero ha ido a la baja.
Declaró que en 2013 tuvieron una reunión con el actual mandatario estatal, quien les aseguró no habría reforma a la Ley de pensiones.
Indicó que en la Suprema Corte de Justicia no tienen conocimiento sobre los amparos realizados el año pasado sobre los juicios políticos que exigen se cumplan.
Comentó que al llegar a la Suprema Corte se dieron cuenta que no se hizo un seguimiento de estas actas y que el responsable es Juan Nicolás Callejas, por lo tanto el IPE exige que hagan llegar el acuerdo para que se dé seguimiento.
Expresó que están preocupados por el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que hace unos días declaró la presidenta que se integró el expediente de las 695 quejas y que tienen un plazo de seis meses para resolver, la preocupación radica en que el Gobierno de Veracruz está por salir y quedarán sin solucionar sus quejas.
