Ya encarrilado, nos permitiremos continuar opinando sobre economía, aspirando me saquen de la equivocación o error, que exprofeso manifiesto involuntario, el término “rescate”, puede referirse, al auxilio, asistencia, ayuda, socorro, salvamento de una persona (s), en circunstancias de peligro, emergencia o incidencia, por medio de una acción de ayuda, como una quehacer humanitario; también es utilizado, como consecuencia del pago de un secuestro, extorsión o chantaje, por medio de la coacción física o psicológica, como una acción criminal.
En economía y finanzas es denominado “rescate financiero”, que no es otra cosa que la inyección de liquidez, otorgada a una entidad, que pudiera ser Pública o Privada, envuelta en un procesos de deterioro, quiebra y falta de cumplimiento de sus obligaciones o situación jurídica en la que no puede hacer frente a los pagos que debe realizar como “pasivo exigible”, porque éstos son superiores a sus recursos económicos disponibles y activos, pudiéndosele denominar “fallido”, y con el fin de que logre cumplir con sus obligaciones a corto, mediano plazo o futuras; Por cierto, los rescates financieros en México, los han llevado a cabo los gobiernos en turno, regularmente de forma y manera poco ortodoxa y que finalmente han favorecido a los menos o a consorcios multimillonarios, prueba de ello es el rescate de la banca en México, luego de la severa crisis devaluatoria de finales del año 1994 y principios del 1995, dándose la crisis más grave de la historia contemporánea en México, que provocó, una espiral inflacionaria de precios y salarios atroz, así como que las tasas de interés se dispararan causando el sobreendeudamiento gubernamental, de las empresas y familias, ante los bancos y el cese masivo de pagos por parte de los deudores, por lo que para reestructurar las mismas se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en el año de 1996 se implantó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial, funcionando con recursos fiscales a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a los datos obtenidos de dicha Secretaria, la entidad sirvió de aval para el “rescate bancario” y el benefició de 54 empresas por un monto de 9.700 millones de dólares, de igual forma y con la finalidad pretendida de legalidad, igualmente se establecieron el Fondo de Garantía de Depósito, instancia que se pretendió protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores que involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos; la Comisión para la Recuperación de Bienes, cuya función consistiría en recuperar, administrar y enajenar bienes y derechos que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, (de quien), y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, adquirieran como resultado del “rescate” y la crisis; convirtiendo en deuda pública, los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, se dice, que cuyo monto ascendió a $ 552.000 millones de pesos; siendo que ni los bancos, ni las grandes empresas eran el pueblo de México, dicho sea de paso, al que no se le reestructuraron, reformaron, condonaron o conmutaron sus deudas, que hasta el día de hoy son motivo de procedimientos de recuperación incansable, por empresas que han comprado los pesos en centavos y se han enriquecido en forma grosera, escandalosa y avariciosa, en contra del patrimonio de los mexicanos.
El Banco Mundial ha estimado que el rescate de la banca en México, costo en conjunto con la crisis, 135 mil millones de dólares, equivalente al 25%, del producto interno bruto (PIB), en términos del costo fiscal directo e indirecto, siendo presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León ahora consejero de grandes empresas multinacionales, conferencista en foros y universidades y Asesor en Naciones Unidas, y José Ángel Gurría Treviño, hoy Secretario Ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico y dicho rescate, desde entonces, la deuda bancaria, cargada al fisco (al Estado), y por ende a los contribuyentes mexicanos, ha seguido en ascenso, en 2006 se situaba en un monto de 701 mil 399.6 millones de pesos; en 2007, ascendió a 712 mil 839 millones; en 2008 aumentó a 730 mil 963.3 millones; en 2009 subió a 751 mil 495.2 millones; en 2010 ascendió a 773 mil 615.2 millones; en 2011 se incrementó a 802 mil 493 millones y a junio de 2012 se ubicó en 811 mil 105.3 millones de pesos, a pesar de los pagos generados para ello a los organismos de crédito principalmente internacionales.
Se señala también como “rescate”, para aliviar financieramente a 300.000 maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por conducto de la banca de desarrollo, refinanciando los créditos de los docentes con un fideicomiso de $ 5.000 millones de pesos (382 millones de dólares), operando a finales del año 2013, precisamente cuando se negoció la implementación total de la ambiciosa reforma educativa.
Desde mi punto de vista, las deudas de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no podían ser consideradas de facto, como públicas, aún y cuando fueran empresas paraestatales, pues éstas supuestas “deudas”, queda claro, resultan consecuencia de su obesidad de personal, burocracia, sindicalismo mal entendido, improductividad, ineficiencia, ineficacia, corrupción, pero sobre todo opacidad y falta de rendición de cuentas, con total impunidad, pues siempre hablaron de empresas ejemplo a nivel internacional y ahora resulta lo contrario, dándose un nuevo “rescate”, para que el gobierno de México, asuma parte de sus pasivos laborales, por un régimen de pensiones insultante al resto del pueblo y los trabajadores, pues estas Paraestatales en nada han contribuido con el grueso de la población, beneficiándose los menos; las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados avalaron con 43 votos a favor y 17 en contra, el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permite que el gobierno federal absorba proporcionalmente los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues la condición de que modifiquen sus contratos colectivos de trabajo, no es posible se realice de forma retroactiva, al ser derechos generados e irrenunciables, que tendrían que traer como consecuencia la quiebra de dichos Organismos y su liquidación, con consecuencias económicas funestas, incluso internacionalmente, lo que no señalan los “dirigentes de izquierda”, que se desgarran las vestiduras en un discurso mediático que pretende continuar con la opacidad y confusión en beneficio de los menos y la búsqueda clientelar de simpatizantes, como ha sido el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, otrora amo y señor de Luz y Fuerza del Centro, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, similar a las anteriores, que transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México, el que por decreto presidencial, se dispuso su extinción, con lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, la única oportunidad de sacar adelante el entuerto; lo que nos lleva a reflexionar, era jurídicamente lo procedente con Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero políticamente costoso, decidiéndose por una salida que traerá un nuevo costo al erario público, aún que en el mediano plazo las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso de Pemex y CFE, sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, en consideración a que, los ya establecidos pasivos laborales, con los rangos de sueldos y pensiones de los trabajadores de mayor sueldo que alcanzan cifras de 70 mil pesos, mensuales y prestaciones sociales, aún ya retirados o jubilados, sin ser o haber sido productivos, son una carga imposible de sostener, con cargo a los ciudadanos por un nuevo “rescate”, en favor de trabajadores y empleados de empresas improductivas, con gastos onerosos e innecesarios de altos funcionarios y líderes sindicales, así como su enriquecimiento.
Estos antecedentes no han sido profundamente y públicamente investigados, como procede para conocer la responsabilidad de quienes las originaron, y, han significado en México, para las pequeñas y medianas empresas, las familias y trabajadores en general, en conjunto con la inseguridad e impunidad, que su economía se vea mermada, insistimos sin ninguna justificación o imputación de responsabilidad, por el colapso de los errores cometidos por otros, lo que ha traído como consecuencia ser un factor con un peso específico de vernos obligados a vivir, crecer y morir, generaciones enteras endeudados, a pesar de ser los más, los que producimos la riqueza de la sociedad y sin embargo somos los menos beneficiados de ello.
Saludos……….!!
