José Balcázar
El Buen Tono
Fortín.- El regidor de Seguridad, Orlando Rosas Sánchez, nunca atendió las denuncias previas contra el elemento que mató al joven Pablo “N”, a pesar de que más del 32 por ciento de las quejas ciudadanas en el municipio se relacionan con abuso policial.
Activistas sociales consideraron que con su actitud permitió que el gendarme siguiera activo hasta que su violencia manifiesta escaló al homicidio.
El alcalde, Gerardo Rosales Victoria, intentó deslindarse de la culpa al declarar que la justicia está en manos de la Fiscalía, pero los fortinenses no le creen nada.
Los ciudadanos exigieron la renuncia del edil y del regidor, pero también la depuración de la Policía Municipal, a la que acusan de ser una corporación corrupta e ineficiente.
Los señalamientos apuntan a la falta de controles y a la omisión del Ayuntamiento, lo que también es corrupción, por ignorar las advertencias sobre la brutalidad de los elementos.
La indignación llegó al punto en que vecinos advirtieron que vigilarán de cerca a los gendarmes y buscarán cualquier error para tomar la justicia por cuenta propia.
Este clima de tensión refleja el hartazgo de una población que, ante la impunidad y la negligencia de sus autoridades, se siente obligada a defenderse sola y exigir renuncias.
