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Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz.- La madrugada de este martes, el Regidor Único del Ayuntamiento de Huiloapan, Luis Velásquez Gamboa, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras agredir física y verbalmente a su esposa en el interior de su domicilio, en la colonia Cuauhtémoc. La intervención oportuna de los vecinos y las autoridades evitó que la situación escalara aún más, permitiendo la captura de un individuo que, según versiones locales, no es la primera vez que ejerce violencia contra su cónyuge.
El comportamiento del Regidor durante su detención resulta alarmante. A pesar de ser sorprendido en flagrancia, Velásquez Gamboa intentó justificarse invocando su supuesto fuero constitucional, argumentando que, como funcionario público, debía ser tratado de forma diferente. A través de una llamada a la presidenta municipal, Lizeth Méndez Rosas, intentó evadir la detención, lo que revela una actitud de abuso de poder y un claro intento de eludir la responsabilidad por sus acciones.
Luis Velásquez Gamboa llegó al cargo mediante el partido Podemos, respaldado por su cercanía con el ex-candidato Braulio Aguilar Santana, quien también ha sido señalado por conductas violentas. Después de la disolución de Podemos, el Regidor se sumó a MORENA, adoptando una postura de apoyo incondicional a la administración de Lizeth Méndez Rosas, quien no ha demostrado interés en fiscalizar a sus colaboradores, a pesar de los cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión municipal.
El hecho de que un servidor público como Velásquez Gamboa, con antecedentes de violencia familiar, haya ocupado una posición de poder refleja una grave deficiencia en los mecanismos de control y vigilancia de los partidos políticos, especialmente de aquellos que se han erigido como defensores de la justicia social. Además, es preocupante que, a pesar de los señalamientos y denuncias en su contra, el regidor haya sido protegido por las autoridades locales, lo que genera dudas sobre la verdadera voluntad de las instituciones para sancionar actos de violencia, independientemente del cargo que ostenten los agresores.
