En un ambiente enrarecido por la elección interna del PAN, con desacuerdos en las candidaturas comunes y diferencias en el modelo de comunicación política, las comisiones unidas de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobaron por mayoría las leyes secundarias de la reforma político-electoral.
Después de dos meses de chantajes y diferencias, los presidentes de las comisiones dictaminadoras acordaron hacer un receso para llevar a cabo una revisión en la redacción final de los textos, con el propósito de que los acuerdos pactados entre negociadores de los tres partidos se presenten al pleno, una vez convocado por la Comisión Permanente del periodo extraordinario.
A vuelo de pájaro, es posible distinguir cambios sustantivos a la legislación vigente. De acuerdo con el dictamen, que ya está circulando públicamente, destaca la intención de dotar al INE de nuevos instrumentos para intervenir en el ejercicio de los órganos electorales locales. Se busca reducir la injerencia de los gobernadores rumbo a las elecciones de 2015.
El recién creado INE contará, a través de la legislación secundaria, con facultades para vigilar la fiscalización estatal de los gastos de campaña y revisar las decisiones de las autoridades locales electorales. Se propone incorporar a la estructura del instituto nacional dos nuevos organismos internos que servirán como vigías permanentes de lo que suceda en los estados.
El “modelo intervencionista” que se le impone al INE añadirá a la estructura del nstituto una inueva Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que se concentrará en la relación entre distintos niveles de autoridades electorales, y otra nueva Unidad Técnica de Vinculación, que deberá atender los trabajos auxiliares en la fiscalización de los gastos de campaña y de los partidos políticos en los estados.
La legislación secundaria incorpora también un procedimiento para que el INE pueda desahogar las solicitudes de atracción de procesos locales, bajo criterios objetivos que eviten que la intervención del órgano nacional se dé bajo criterios politizados. La idea es que el INE intervenga en las entidades federativas sólo ante casos graves que pudieran poner en peligro la organización de la elección.
En la parte relativa al financiamiento de los partidos, a petición del PAN, la legislación secundaria amplía la participación de recursos privados, al permitirse más aportaciones de esa naturaleza, incluso de personas morales, dejando claro que éstas no podrán ser ni agrupaciones políticas ni sindicales. Los institutos políticos podrán recibir hasta un máximo de 10% de contribuciones privadas, en función del tope de campaña fijado en la elección presidencial inmediata anterior.
En el controvertido tema del prorrateo de los gastos de campaña, éste se aplicará en los casos en que se promocione a dos o más candidatos, buscando una proporción más equitativa que evite que l@s candidat@s a la Presidencia de la República transfieran totalmente el registro de sus gastos a las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados.
BALANCE
La aprobación en comisiones de las leyes secundarias en materia electoral es el primer paso rumbo al proceso de centralización de nuestros procesos democráticos. A pesar de que se cuenta con un dictamen, en el pleno del Senado aún pueden presentarse muchas sorpresas que reviertan lo acordado, ante la persistencia de diferencias en temas tan delicados como las candidaturas comunes y las reglas para la transmisión de spots durante las campañas, por mencionar algunas.
Las candidaturas comunes a nivel federal son una “pistola en la cabeza” del PRI rumbo al proceso federal de 2018. Es previsible que si toda la oposición logra aprobarlas en el Senado, la mayoría PRI-PAN-PVEM-Panal echen abajo dicha pretensión en la Cámara de Diputados. Estamos en medio del proceso legislativo, donde todo puede suceder. Por lo menos, ya contamos con materia para el análisis. Sobre los efectos de las nuevas leyes, habrá que revisar con cuidado sus consecuencias.
