La semana pasada escribí que me extrañaría que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quedara pasmada ante el desbloqueo de la Autopista del Sol del viernes 5.
No era difícil el pronóstico. Los maestros disidentes se juegan demasiado en este proceso de reforma educativa, al punto de que parecen haberse olvidado, por ahora, de la renegociación salarial de cada primavera.
La CNTE tiene una concepción patrimonialista de su existencia y propósito. Por eso no escuchará usted a sus dirigentes hablar del magisterio como un apostolado, a la manera de los viejos profesores, ni de la calidad de la educación.
Es una organización cuya cúpula busca extraer rentas del Estado y para ello utiliza las tácticas y el lenguaje de la izquierda revolucionaria. Algo así hacen las FARC en Colombia.
Aunque la negociación tiene que ser el instrumento principal de la política, lamentablemente hay muy poco que conversar con la CNTE.
Su vocero en Guerrero, Minervino Morán, ha establecido claramente que no permitirán que la evaluación de los maestros, contemplada en la reforma educativa, tenga como consecuencia la pérdida del empleo, por mucho que se demuestre que los evaluados no tienen capacidad para la enseñanza.
Tampoco han estado de acuerdo con la adecuación de los planes de estudio de las escuelas normales, lo cual permitiría que los aspirantes a profesores salieran mejor preparados y tuvieran mayores posibilidades de aprobar las pruebas que eventualmente serán aplicadas. La última vez que eso se intentó, los normalistas de Michoacán se violentaron.
A juzgar por el contenido de la iniciativa que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) pretende que sea aprobada por el Congreso local —mediante presiones que incluyen ataques a la sede de esa Legislatura, así como a la del PRD estatal—, lo único que interesa a la CNTE es la “estabilidad laboral” de sus integrantes y el aumento del gasto estatal en educación.
Enunciado así, no parece tener nada de malo. Sin embargo, la CNTE equipara “estabilidad laboral” con la imposibilidad de perder el empleo, aunque apenas se cumpla con la mitad de los días del año lectivo en Guerrero. Y si tomamos en cuenta que una proporción enorme del presupuesto educativo se usa en gasto corriente, pues ya podemos imaginar cuál sería el destino del aumento.
Hasta ahora el Gobierno Federal no ha dado marcha atrás ante las demandas y movilizaciones de la CNTE, particularmente la CETEG. La Autopista del Sol fue desbloqueada, y si bien los maestros disidentes marcharon otra vez por ahí el jueves pasado, no se animaron a realizar un nuevo plantón, ante la presencia de un contingente de la Policía Federal.
Asimismo, la Secretaría de Educación Pública anunció que prácticamente estaban terminadas tres iniciativas de ley —entre ellas la norma que regirá el funcionamiento del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa—, y dio a conocer las ternas para integrar la Junta de Gobierno del INEE, cumpliendo sobradamente con el plazo establecido.
Sin embargo, la pregunta es si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está preparado para lo que viene. La CNTE es tan peligrosa como una fiera acorralada, y es muy astuta a la hora de calar a autoridades federales y locales.
Por ello, para que la reforma educativa salga adelante, el gobierno deberá anticiparse a todas las acciones de las que la CNTE es capaz.
Deberá entender que si detiene por la comisión de un delito a un profesor disidente o a alguno de sus aliados —no olvidemos que la CETEG anunció que ya actúa como Movimiento Popular Guerrerense—, los opositores realizarán acciones de resistencia para liberarlo. ¿Aguantará esa presión el Ministerio Público? ¿La aguantarán los jueces?
Deberá entender que a la causa de la CNTE le sirven mucho los mártires, por lo que tendrá que cuidar que ninguno de los operativos para restaurar el orden viole los derechos humanos.
Deberá entender que la CNTE nunca renunciará a sus actuales privilegios —por ejemplo, el pago de días no trabajados— y que se movilizará para mantenerlos intactos.
Deberá entender que la CNTE no aceptará una evaluación educativa que no sea a modo. Y por eso, sin reparo en la Constitución, quiere obligar a la Legislatura del estado —que debe tener muchos otros asuntos que atender, creo yo— a aprobar una contrarreforma educativa.
Si el pasado sirve para adelantarse a los acontecimientos, no podemos olvidar que la CNTE ya se ha opuesto vehementemente a la aplicación de exámenes de evaluación, entre ellos el que mide el aprendizaje de los alumnos, y ha llegado incluso a la destrucción de las pruebas.
El gobierno deberá entender que la única evaluación que la CETEG quiere es una que “tome en cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales de Guerrero”, y que si se cede a esa intención habría que generar 32 pruebas distintas. O más, porque hay estados donde conviven varias realidades. ¿O a poco es lo mismo Ciudad Juárez que Batopilas? ¿O el puerto de Veracruz que los municipios de la Sierra de Zongolica? ¿O Huixquilucan que Valle de Chalco?
Eso no quiere decir que la evaluación mandate que cada profesor que repruebe un examen deba ser dado de baja fulminantemente.
En Guerrero, como en todos lados, hay maestros para los que la enseñanza sí es una misión, y seguramente entre esos maestros, que sí quieren dar clases, haya quienes se han visto afectados por problemas de infraestructura, servicios y distancia de traslado.
Lo determinará la legislación secundaria asociada a la reforma educativa pero, en mi opinión, la evaluación debe estar equipada con capacitación para quien quiera tomarla y para quien pueda beneficiarse de ella.
No me imagino una evaluación que, de golpe, ponga de patitas en la calle a 300 mil o medio millón de maestros. Eso sólo crearía un problema social enorme que, además, agravaría el rezago educativo. La evaluación debe ser lógica pero también universal, y su objetivo, no lo olvidemos, son los alumnos.
Si es verdad que hay 1.6 millones de maestros en el país (ese fue el número de exámenes que la SEP imprimió para el examen de la carrera magisterial el año pasado), los integrantes de la CNTE no pasan de 250 mil (el número de amparos que se ha anunciado contra la reforma educativa). Ese es el tamaño del problema, no menos pero tampoco más.
El gobierno federal no puede concluir la reforma educativa de modo que satisfaga a 15% de los maestros del país. Tampoco puede dar prioridad a tres mil personas que bloquean una autopista frente a decenas o centenares de miles que son afectados por esa acción.
Afortunadamente no sólo se escucha el chantaje de la CNTE en el país. Hay millones de ciudadanos de este país que cumplen con la ley y su trabajo y pagan impuestos, y esos también se están haciendo escuchar. Acaso ahora, por las circunstancias que se han vivido en Guerrero, necesitan gritar más fuerte.
Las libertades de expresión y asociación protegen algunas de las manifestaciones de la CNTE y organizaciones similares. Por lo demás, es lógico que los maestros disidentes defiendan lo que gobiernos comodinos y temerosos les han cedido sin pensar en las consecuencias.
Pero hay un problema: muchas de esas conquistas no están fincadas en la viabilidad financiera y empiezan a generar boquetes en las arcas públicas y, si no me cree, vea qué está pasando con diferentes sistemas de pensiones.
Y hay otro más grave: los privilegios de la CNTE están atentando contra los derechos de los demás, como el tener una educación de calidad. Si los profesores disidentes consideran que es su derecho no ser evaluados y recibir pago por días no trabajados, los padres de familia pueden decir que ese derecho atropella el futuro de sus hijos.
Quizá usted no tenga ese problema porque puede mandar a sus hijos a una escuela privada (y si no le gusta, cambiarlos de colegio). Pero piense en los millones de personas que no tienen esa posibilidad.
Es en esos millones de personas y sus hijos que el gobierno y la clase política deben pensar cuando estén negociando con la CNTE.
Quizá el próximo sea un año de conflictos. Pero actuar con firmeza hasta el final, y sacar la reforma educativa como debe ser, permitirá ver hacia el futuro y no hacia el pasado, cuando los gobiernos negociaban con gremios y les daban canonjías a cambio de apoyo político.
