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Reforma al Artículo 19: Delitos de alto impacto ahora con prisión preventiva oficiosa

Superiberia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado un paso firme en la lucha contra la impunidad al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que oficializa la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Esta reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, apuntando directamente a ilícitos de alto impacto como la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas, y el contrabando, entre otros.

Una herramienta clave contra la impunidad

Con la entrada en vigor de esta reforma, los jueces tendrán la facultad de ordenar prisión preventiva oficiosa en casos relacionados con:

  • Extorsión.
  • Tráfico de drogas sintéticas, incluyendo fentanilo y sus derivados.
  • Contrabando y desvío de precursores químicos.
  • Actividades fraudulentas con comprobantes fiscales, realizadas por empresas conocidas como “factureras.”

El objetivo central de esta medida es frenar las actividades delictivas que han afectado significativamente al país y cerrar los espacios de impunidad en delitos que impactan tanto a la seguridad como a la economía nacional.

Respaldo legislativo sólido

La reforma fue declarada constitucional el pasado 4 de diciembre tras obtener el aval de 20 congresos estatales, entre ellos los de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, y Yucatán, entre otros. Este respaldo demuestra un consenso amplio en torno a la necesidad de medidas más severas contra estos crímenes.

Una apuesta por la seguridad y la justicia

La mandataria aseguró que esta reforma es parte de un esfuerzo integral del gobierno federal por transformar el sistema de justicia y garantizar un entorno más seguro para la ciudadanía. La incorporación de delitos como el tráfico de fentanilo y la extorsión en el catálogo de prisión preventiva oficiosa refleja la preocupación por frenar las actividades del crimen organizado y fortalecer el estado de derecho en México.

Con esta reforma, México avanza en su compromiso de proteger a la población y combatir frontalmente a los responsables de los delitos más graves que afectan al país.

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