AGENCIA
California.- Diversas organizaciones civiles denunciaron la detención de aproximadamente 200 migrantes, en su mayoría trabajadores agrícolas, durante redadas migratorias en el Valle Central de California, una región clave para la agricultura en Estados Unidos.
Los operativos, realizados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el pasado 7 y 8 de enero, sorprendieron a la comunidad de Bakersfield. Las redadas se llevaron a cabo en lugares como gasolineras, una tienda Home Depot y puntos de encuentro de migrantes, sin aviso previo.
Según la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), los agentes viajaron más de 500 kilómetros, lejos de sus jurisdicciones tradicionales, para efectuar los arrestos, lo que levantó sospechas sobre el objetivo de las acciones. Aunque CBP aseguró que la operación estaba dirigida a indocumentados con antecedentes criminales, la UFW y testigos afirmaron que las detenciones se basaron en perfiles raciales.
“Esto no fue una operación enfocada en personas con antecedentes criminales. Fue dirigida por perfiles raciales”, declaró Ambar Tovar, director de Servicios Legales de la UFW, en conferencia de prensa.
De acuerdo con CBP, se realizaron 78 arrestos, pero fuentes de la UFW estiman que el número supera los 200, incluyendo a 50 mexicanos que aceptaron regresar a su país bajo presiones para no litigar sus casos.
Las redadas han generado incertidumbre y temor en la comunidad migrante, en medio de las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero.
“Desde el martes 7 de enero, hemos recibido innumerables llamadas de trabajadores agrícolas del condado de Kern pidiendo ayuda tras las redadas”, señaló Arelí Arteaga, directora política de UFW.
Por su parte, Antonio De Loera-Brust, director de comunicaciones de UFW, advirtió que estas redadas tendrán un impacto negativo en la economía de la región debido al “efecto paralizante” en los espacios de trabajo.
UFW y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han iniciado campañas educativas para informar a los migrantes sobre sus derechos y no descartan emprender acciones legales contra CBP.
Este caso refleja la creciente tensión en comunidades migrantes bajo políticas más estrictas de control fronterizo, que afectan tanto a las familias como a la economía local.
