AGENCIA
Xalapa. – Los impactantes números revelados por la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, pintan un sombrío panorama de impunidad y complicidad en la administración pública de Veracruz. Con 351 denuncias pendientes desde 2007 y un presunto daño patrimonial de 35 mil 723 millones de pesos, la justicia parece eludir a los ciudadanos afectados, al recuperar sólo 2 mil 21 millones 544 mil 479.57 pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2011 al 2022.
Esta cifra es apenas una fracción mínima de los desfalcos. La falta de claridad sobre el destino de la mayoría de los recursos perdidos cuestiona la efectividad de los mecanismos de recuperación.
La situación se torna aún más alarmante al descubrir que 171 denuncias están vinculadas a la actual administración, con un presunto daño patrimonial de 849 millones 32 mil 723 pesos. La falta de acciones contundentes y consecuencias palpables sugiere una preocupante falta de voluntad para abordar la corrupción en la esfera pública.
La auditora González Cobos añade una capa de opacidad al señalar que entre el 60 y 70% de las denuncias están judicializadas. La incertidumbre sobre órdenes de aprehensión genera impotencia en la ciudadanía, que ve cómo los responsables de dilapidar recursos públicos continúan sin enfrentar la justicia.
Mientras tanto, la espera de justicia persiste para los ciudadanos de Córdoba, quienes observan con incredulidad que administraciones como la de Leticia López Landero aún no han sido denunciadas; en este caso, no ha restituido los 107 mdp señalados por el mismo Orfis.
Esta inacción refleja la vulnerabilidad del sistema de rendición de cuentas y las complicidades que desafían la esencia misma de la fiscalización. En última instancia, la Fiscalía parece estar más interesada en el silencio que en la búsqueda activa de la verdad y la justicia.
