Por Andrés Timoteo / columnista
Muchos analistas han deplorado la decisión del gobernante en turno, Cuitláhuac García, de admitir públicamente la incapacidad de su gestión para enfrentar al crimen organizado y suplicar que, una vez legalizada, la Guardia Nacional ingrese a Veracruz a fin de ocuparse de la “ola” de violencia que desangra a la entidad desde hace tiempo, pero que en las últimas cinco semanas se ha potencializado.
Según el recuento que ha hecho la prensa, hasta el fin de semana sumaban 170 asesinatos ligados al hampa organizada en lo que va del gobierno de García Jiménez, algunos con una saña inaudita que no se veía desde tiempo del innombrable y el duartismo. Además, ya son 24 feminicidios, es decir que cada 48 horas, desde diciembre pasado, se asesina a una mujer en la entidad.
La declaratoria de incapacidad institucional para combatir la delincuencia hecha por Cuitláhuac García en una de las mesas de las llamadas Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados no solo lo muestra como un mandatario blandengue, sino que confirma que a nivel estatal no hay más estrategia en seguridad pública que la que disponga la federación.
Sin embargo, si se interpreta esa declaración con los hechos que acontecen en la entidad no es difícil deducir que hay una línea divisoria entre lo sumamente difícil y la desidia -o irresponsabilidad, como se le quiera llamar-, entre el poder y el querer. Es cierto, la “ola” de violencia no es nueva ni privativa del Estado, como ya se ha dicho muchas veces, y la estructura local no puede combatir sola a los cárteles del narcotráfico. Es más, ni siquiera le compete pues son delitos del orden federal.
Lo que significa que el gobernador, como él mismo lo acepto, no puede con esa tarea. Empero, otra cosa es la parte que no quiere hacer. Y ahí se agrava el asunto, no todo lo acontecido en materia de seguridad pública corresponde al crimen organizado ya que hay delitos del fuero común que se han disparado también y no hay quien los combata.
Por ejemplo, la mayor parte de los feminicidios no se desprenden del crimen organizado, sino que son homicidios de odio cometidos regularmente por personas allegadas a la víctima. ¿Por qué no hace nada el Gobierno estatal para dar seguridad a la población femenina? En Veracruz ya hay una Alerta por Violencia de Género que debió, desde hace meses, activar protocolos y corporaciones para auxiliar a las mujeres.
Esa estrategia debería ya estar funcionando sin que haya necesidad de esperar ayuda del altiplano, además de que la Guardia Nacional no fue concebida para combatir los feminicidios. Otro ejemplo son los asaltos a mano armada tanto en negocios como en la vía pública que la mayoría son cometidos por individuos a iniciativa personal o pequeñas bandas que no se encuadran en el crimen organizado.
La cuestión de fondo es que el gobernador no quiere asumir la parte que le corresponde en el combate a la delincuencia general, la común, y ante eso los malhechores desorganizados ya tienen la partida ganada porque no hay voluntad política del mandatario en turno para combatirlos. Por demás está quejarse de lo evidente.
Tan palmario es el desinterés de García Jiménez en el tema de seguridad pública que en 40 días de gobierno sólo en un par de ocasiones ha sesionado la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. También las 18 subcoordinaciones, las cuales prometió que celebrarían reuniones diarias, llevan semanas sin reunirse. Con eso se dice todo, el gobernante en turno no puede.
