El Gobierno federal debe ya comprometerse públicamente con la suficiencia presupuestal necesaria para asegurar a todos los mexicanos la educación pública universal, de calidad, laica, obligatoria y gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto avanza gracias a la experiencia, talento y solidez política de Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública. Pero el complemento indispensable para que la reforma ya emprendida y elevada a rango constitucional rinda a cabalidad los frutos que de ella se esperan, es dotar a la educación de la suficiencia presupuestal plena.
Al mismo tiempo, ha llegado el momento de revisar desde una base cero la composición tradicional del presupuesto educativo, a fin de reestructurarlo integralmente de acuerdo con las prioridades de inversión y gasto corriente que se derivan de los objetivos y metas implícitos en la reforma educativa.
México destina el menor gasto en educación por alumno dentro de los países miembros de la OCDE, con dos mil 875 dólares, y de esa cantidad prácticamente 91.7% se canaliza a salarios. Además, únicamente 54% de los jóvenes de 15 a 19 años de edad en México está matriculado. Sólo 12% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participa en la educación; esto es tres puntos porcentuales más que en 2000 y alrededor de la mitad de la proporción de 20-29 años de edad matriculados en Chile (25%), Brasil (20%) y el promedio de los países de la OCDE (27%). Casi una cuarta parte de las personas de 15-29 años de edad no está ni en la escuela ni empleada. Esta cifra es la tercera más alta entre los países de la OCDE, detrás de Turquía e Israel. Cerca de 18.6% de los mexicanos de 15-29 años de edad son ninis (ni estudian ni trabajan), mientras que 30% de los de 25-29 años están en esa categoría”.
Esta problemática reclama una solución integral y urgente. Cada joven “rechazado”, cada nini, son una vergüenza nacional y una semilla de violencia. Urge construir un ducto hacia el futuro de México. Un amplio y firme ducto financiero que vaya directamente del petróleo a la educación, la investigación científica y tecnológica y la innovación, tanto pública como privada.
No perdamos de vista que la gran tarea de la reforma educativa tiene aún mucho camino por andar. En el momento más oportuno llegará el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional a la comisión senatorial de educación, que encabeza el panista Juan Carlos Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato -donde también fue ya gobernador-, ex director del Conacyt y conocedor de los temas educativos.
Bajo estos lineamientos, México puede seguir confiando en la educación para que sea la palanca clave de su porvenir de prosperidad. Hoy se hace indispensable dar acceso a la educación a los mexicanos que aún están excluidos de ella. Ninguna tarea debe tener mayor prioridad que la de garantizar que ni un sólo mexicano se vea excluido de la oportunidad de recibir educación de calidad. Ese es el siguiente gran desafío para el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y para el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Y la clave de ese logro está en encontrar los mecanismos para transformar la riqueza no renovable de la nación, sus hidrocarburos, en riqueza inagotable: educación que genere más y mejor capital humano. El bienestar presente y futuro de la nación mexicana reclama que el resultado de la explotación de los hidrocarburos, patrimonio no renovable de la nación, se aplique de manera prioritaria a la educación. Alcanzar un presupuesto educativo suficiente y eficaz, replanteado desde una base cero para adecuarlo a las nuevas prioridades, debe ser un objetivo inaplazable. La reforma educativa es un paso decisivo para el porvenir de la nación. Obstaculizarla es atentar contra México.
