Por: Por Andrés Timoteo / columnista
Dado el breve tiempo que durará el Gobierno que encabeza y el enorme trabajo que está pendiente para realinear la Administración Pública luego de doce años de fidelidad, el Mandatario Estatal no debería permitir que haya desbandada de su gabinete con fines electorales. Es decir, debería frenar a los colaboradores que están por dar el ‘chapulinazo’ hacia una candidatura sin haber terminado su encomienda asignada.
Estar sólo diez o doce meses –si es que llegan al primero de diciembre cuando se cumple un año de haber tomado posesión- como funcionarios estatales y dejar botado el cargo para seguir enchufados a la nómina pública desde una curul Federal o Local, es un acto de irresponsabilidad y desaseo. Lo es porque continúan reproduciendo ese modelo indecente que impulsó el innombrable para que sus colaboradores brincaran de candidatura en candidatura a fin de mantenerlos en el candelero político, acaparando representaciones populares, aunque su trabajo fuera nulo en cada cargo.
Basta recordar a los llamados “Niños de la Fidelidad” que llegaron con el innombrable al gabinete -Salvador Manzur, Carolina Gudiño, Jorge Carvallo, Erick Lagos, Tarek Abdalá, José Ruiz Carmona y el propio Javier Duarte, entre otros impresentables- para demostrar que las carreras meteóricas y los “chapulines” sólo tienen un resultado: malos servidores públicos. Esa práctica debe ser finiquitada. Yunes Linares está obligado a hacerlo.
Actualmente hay al menos cuatro personajes de la primera línea del gabinete yunista a los que se les ‘cuecen las habas’ por brincar a otro cargo. Tres de ellos llevan tiempo viviendo de la nómina pública y una tercera, es rostro nuevo, y aunque ella no se está auto-promocionando, tampoco ha salido a desmentir las versiones de que abandonará el cargo para convertirse en candidata al Senado.
Se trata de la secretaria de Desarrollo Social, Indira de Jesús Rosales, quien es mencionada insistentemente como posible abanderada en una de las fórmulas por la Cámara Alta. La neo funcionaria ha dejado correr las versiones, lo que podría significar la aceptación del proyecto electoral o un error a no atajar los rumores que contaminan su función como servidora pública. Con tal especie a las espaldas, todo lo que haga Rosales San Román tendrá el toque de una intención electoral y eso es batir el mismo lodo de la fidelidad.
Ya no se diga de los titulares de las secretarías General de Gobierno, de Infraestructura y Obra Pública (Siop) y de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa), Rogelio Franco Castán, Julen Rementería del Puerto y Joaquín Guzmán Avilés, respectivamente, quienes ya están en franca promoción mediática –costean gacetillas en la prensa opinativa- para que se les apunte como aspirantes a la candidatura senatorial.
Son tan cara-dura estos señores que aún con los parcos resultados en sus secretarías, pretenden abandonarlas para postularse como representantes populares, pero antes –claro- usan el cargo y los recursos públicos para su promoción. Vuelven a hacer lo mismo que hacían lo fidelistas, contaminar el servicio público con sus intereses personales, y eso debería ser detenido por el titular del gabinete.
El perredista Franco Castán es el primer cargo estatal que tiene y pretende botarlo para encaramarse en la competencia interna del Frente Ciudadano por México para alcanzar la candidatura. Lo mismo que Julen Rementería que lleva 20 años viviendo del presupuesto público, brincando de una regiduría a la alcaldía porteña, luego al gabinete federal y más tarde a una diputación local. Ahora está por saltar hacia el Senado, según lo presume.
Y el que rompe todo esquema de pudor político es el secretario de Desarrollo Agropecuario, Guzmán Avilés, todo un ‘chapulín’ de doble ala, pues ha ido de cargo en cargo en las últimas tres décadas. Ha sido tres veces alcalde de Tantoyuca, también Diputado Local y Federal, ahora es secretario de despacho, nada más le falta la senaduría.
El apodado “El Chapito Guzmán” –por ser homónimo del capo del narcotráfico- no quiere quedarse un paso atrás de su hermana, Rosario Guzmán Avilés, quien renunció este año a la diputación local para asumir el escaño en el Senado que dejó Fernando Yunes Márquez, hijo del Gobernador en funciones y actual alcalde electo por la ciudad de Veracruz.
Que el Gobernador meta orden entre sus subalternos y les exija cumplir todo el periódo constitucional de dos años. Que les moche las ancas a esos ‘chapulines’ porque no se puede ser precandidato y funcionario, porque entonces se pervierten las acciones de Gobierno. Lo mismo para el resto de los integrantes de la Administración Estatal. Que extinga a los saltamontes voraces o que se resigne a parchar su gobierno en medio de la necesidad que tiene Veracruz de servidores públicos de tiempo completo.
SIN MAROMA NUEVA
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirma eso de que “chango viejo no aprende maroma nueva”. Tanta alharaca de cambio y renovación interna para llegar a lo mismo: el dedazo en la selección de su candidatos para el 2018. Para hoy viernes está convocado el Consejo Político Nacional para “elegir” el método de selección de su fórmula presidencial y las que contenderán por el Senado y las diputaciones federales.
Pero ya hubo madruguete. El dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, anticipó desde el miércoles que el método será por “convención de delegados”. Es decir, ni siquiera se esperó a que la asamblea debatiera las opciones y ya marcó la línea que se seguirá en la encerrona de delegados. Los asistentes sólo irán, como siempre, a alzar la mano para simular un respaldo colectivo a lo que ya decidieron las cúpulas partidistas y Los Pinos. No cambian, no aprenden las nuevas maromas aun cuando están en caída libre.
COMO GATAS CHILLONAS
Los dirigentes y alcaldes electos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) imitan a la ‘gata de la Tía Flora’, esa que ‘cuando la meten chilla y cuando la sacan, llora’. Después de meses de estar descalificando al Gobierno del panista por el tema de la seguridad pública y pedir que a los 17 municipios que gobernarán a partir del año próximo se les retorne la potestad sobre la Policía Local, ahora se retractan.
¿Y qué es lo que hacen? Acusar de que el Gobierno Estatal pretende trasladarles tramposamente esa responsabilidad para perjudicarlos. Es decir, ahora que se les va a cumplir su exigencia, ya no la quieren. Hace apenas cuatro meses, el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pedía que se respetara la Constitución Local para que los ayuntamientos manejaran la corporación municipal.
“Los alcaldes deben hacerse cargo de la seguridad de los ciudadanos de acuerdo con el artículo 115 constitucional, porque el encargado directo de la seguridad de los ciudadanos de un municipio es el Alcalde y, al menos en Morena, pedimos que sean nuestros alcaldes quienes atiendan la seguridad de sus poblaciones”, dijo el pasado 26 de junio a la prensa xalapeña.
Engallado, Huerta Ladrón de Guevara exigió a Yunes Linares cumplir con la Ley y de paso aprovechó para retar al mandatario y al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, a renunciar por abatir la incidencia criminal. “No han cumplido y no han podido con la inseguridad, deben renunciar, deben irse”, dijo manoteando al aire.
Ahora él y los ediles electos cambiaron el discurso, ya no quieren hacerse cargo de la seguridad municipal y pretenden que el Gobierno estatal siga a cargo de esa encomienda.
Vaya, hasta acusan que es una “trampa” porque quieren trasladar a los municipios la crisis de seguridad que se registra en la Entidad.
A su vez, el alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez, recriminó que la actual comuna que encabeza el priista Américo Zúñiga haya aceptado recibir de regreso la Policía Municipal, y acusó que se violenta -¿?- el proceso de transferencia a propósito, pero el investigador se enreda en sus propias explicaciones sin atinar a hilar argumentos legales para rechazar lo que antes exigía su dirigente casi a gritos.
Lo que está detrás del viraje en el discurso de los representantes de Morena es el oportunismo. Ni el dirigente estatal ni los munícipes que iniciarán funciones el primero de enero quieren asumir el costo político de involucrarse en el tema de la Seguridad Pública. Para ellos es más cómodo seguir ajenos del asunto y mantener las acusaciones contra el Gobierno estatal por los índices criminales en los municipios.
Le tienen miedo a la ira popular, ya que saben que en breve la ciudadanía comenzará a cuestionarlos si no mejora la seguridad en sus demarcaciones una vez que las estén gobernando. Ellos prometieron el cambio y todos los señalamientos que han lanzado contra la Administración Estatal por el tema de la violencia se les volverán en su contra, por eso no quieren hacerse cargos las policías municipales.
Las repudian no porque no haya capacidad financiera o logística para manejarlas sino porque entrarán en un riesgo electoral cuando no haya resultados favorables, cuando tengan que lidiar con el difícil problema y se tengan que engullir sus propias críticas. Más aún si se toma en cuenta de que Morena gobernará varios de los municipios con violencia exasperada como Coatzacoalcos, Río Blanco, Minatitlán, Xalapa o Poza Rica, sedes de grupos delictivos que han generado verdaderos baños de sangre en esas localidades.
Finalmente la realidad pone en su lugar a los lenguaraces morenos quienes tendrán que apelar al Gobierno estatal para que atraiga nuevamente las corporaciones policiacas o de lo contario, honrar su palabra y ellos hacerse responsables de las mismas, pero sea uno u otro escenario, no les quedará otro camino que negociar con la autoridad estatal pues a diferencia de lo que se dice en el discurso incendiario, a la hora de gobernar no existen ni ‘islas” ni soluciones mágicas. Chillar no basta, que se porten como varones y asuman sus responsabilidades.
Por cierto, aunque se ha dicho que el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador maltrató al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien vino desde su exilio en Estados Unidos –antes estuvo radicando en Francia- a ofrecerle sumarse a su campaña, al parecer sí hubo un acuerdo para cederle algunos cotos electorales.
Un indicio de ello es la inclusión del tuxtleco Elías Miguel Moreno Brizuela, cercano a él –fue su secretario de Protección Civil en la Ciudad de México- en la encuesta que se levanta para medir la popularidad de quienes serían postulados a la Cámara Alta. Los otros son el propio Huerta, el fidelista Ricardo Ahued y el tuxpeño Marco Antonio Medina Pérez, exsecretario de Finanzas de la dirigencia nacional.
