Filiberto Vargas Rodríguez
Columnista
- La defensa de Javier Duarte, en ese entonces todavía encabezada por Marco Antonio del Toro, consiguió un amparo para su cliente.
Javier Duarte a la campaña
Como se anticipó en este mismo espacio, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares persiste en su intención de revivir el tema de Javier Duarte, en su afán de enviar el mensaje a los veracruzanos de que sólo con la prolongación de su mandato (a través de su hijo) se podrá hacer justicia contra quienes saquearon las arcas del Estado.
La Fiscalía General del Estado, ese órgano que debería ser autónomo, pero que actúa abiertamente bajo las órdenes del Gobernador, circuló el pasado martes un comunicado para dar cuenta de que la noche del pasado 14 de mayo se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, “por la probable autoría de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición”.
Ambas órdenes de aprehensión fueron otorgadas por jueces del fuero común en Veracruz, a partir de las causas penales 38/2017 y 56/2017.
Esos dos casos fueron incorporados a la solicitud de extradición que el Gobierno de México presentó a su similar de Guatemala.
La defensa de Javier Duarte, en ese entonces todavía encabezada por Marco Antonio del Toro, consiguió un amparo para su cliente, con el fin de evitar que los procesos del fuero común en su contra se ventilaran en un Juzgado de esta Entidad.
La petición de la defensa tenía como fin evitar la “carga de parcialidad” de los jueces veracruzanos. Las audiencias para estos casos serán realizadas por juzgadores de la capital del País.
Es por ello que las órdenes de aprehensión giradas por jueces de Veracruz (en contra de un sujeto que ya se encuentra encarcelado) fueron notificadas en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
La propia Fiscalía General de Veracruz explica en su comunicado que a Javier Duarte le acusan de “haber hecho uso de una aeronave propiedad del Gobierno del Estado, para realizar un asunto particular, cuando ya no se encontraba en funciones como Gobernador del Estado”.
Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho entiende que no puede imputársele “incumplimiento del deber legal” y “tráfico de influencias” a alguien que, en el momento en que presuntamente se cometieron esos delitos, ya no era un servidor público.
Le agregan que el exgobernador “en su momento” no cumplió con la obligación de efectuar la entrega oficial de bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, a su sucesor, “toda vez que no existe archivo de ello”.
En la segunda causa penal se le acusa de “emitir una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), los cuales instruyó que se transfirieran a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), sin importar que eran recursos debidamente etiquetados para fines específicos distintos, hechos ocurridos en el año 2014”.
La defensa de Javier Duarte ya advirtió que no hay documento alguno que dé fe de esa supuesta instrucción que le atribuyen.
Ambos casos siguen, como desde el principio, sin el menor sustento, pero en estos momentos -desde la estrategia del Gobernador- resultan útiles para revivir el tema de Javier Duarte y de la corrupción priista, argumentos con los que pretende desacreditar la candidatura de Pepe Yunes, quien es abanderado por el PRI.
Cuando de denostar a Javier Duarte se trata, Miguel Ángel Yunes Linares no se pone límites. De su antecesor ha dicho lo peor y aunque muchos de los señalamientos tengan sustento, en otros ha sido exhibido por embustero.
Ese es el caso de aquella versión de que durante la pasada
Administración se suministró agua oxigenada a niños enfermos de cáncer, en lugar de los medicamentos que requerían.
El propio secretario de Salud a nivel Federal, José Narro, salió a aclarar que no había elementos que permitieran asegurar ese dicho.
Los abogados de Javier Duarte ya iniciaron denuncias en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y más recientemente contra el candidato panista a la Presidencia, Ricardo Anaya, por “daño moral”, pues ambos han insistido en ese señalamiento sin contar con prueba alguna.
Lo curioso del caso es que, en su afán de utilizar políticamente el tema de Javier Duarte, Yunes Linares estaría incurriendo en “fallas al debido proceso”, lo que sería aprovechado por los abogados del exgobernador para librar cualquier condena.
Así es esto de la politización de la justicia.
Epílogo
Desde la óptica de Jorge Winkler, desde la llegada de su jefe, Yunes Linares, en Veracruz se dejaron de cometer delitos de alto impacto. La investigadora Mayra Ledezma denuncia que la Fiscalía General del Estado (FGE) nada informa sobre los casos de desapariciones ocurridas durante 2017 y lo que va del 2018. Cada vez que se le cuestiona sobre ese tema, saca las cifras de las desapariciones en la pasada Administración estatal. ¿Qué oculta? *** En Poza Rica, trabajadores del Poder Judicial de Veracruz le solicitaron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, que mejore las condiciones de infraestructura de los juzgados. En un encuentro con más de 100 servidores públicos del Poder Judicial, el Magistrado Presidente tomó nota de los reclamos y se comprometió a realizar acciones para atender de manera inmediata su demanda. *** En las primeras horas del martes, varios sujetos dispararon contra de dos hombres que se encontraban en el interior de un local de lavado de automóviles en la Colonia Insurgentes Norte de Minatitlán. Los agresores pasaron a bordo de un vehículo y dispararon. La violencia no cesa.
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