Fortín.- El conflicto social de Villa Unión pudo haber sido contenido a tiempo, sin embargo, la falta de conocimiento de leyes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por parte de Patrimonio del Estado, así como de los integrantes de Antorcha Campesina originó que la agrupación y los ejidatarios del lugar reclamaran situaciones incongruentes, indicó, el presidente de Fortín Unido, Antonio Cabrera Páez.
La situación económica de Fortín, así como su lento crecimiento, limita a las autoridades a dotar de servicios básicos a sus habitantes, por ende, se ve restringido para hacerlo a nuevos desarrollos habitacionales.
Esta incapacidad de dotar de infraestructura a los habitantes de dicho municipio es también con apego a la Ley de la Sedatu.
Incluso, esta ley aplica a cualquier otra colonia que pretenda asentarse en cualquier parte del municipio, pues las leyes de la Secretaría impiden asentamientos urbanos en donde no existen condiciones de hacer llegar servicios básicos.
En caso de que la administración municipal anterior haya otorgado el uso de cambio de suelo en el predio en disputa, también incurrió en una falta grave, pues se trata de un permiso indebido ya que se trata de un terreno ejidal con vocación agrícola, por lo que desde ahí comenzaron las anomalías.
Apegándose a la ley, Patrimonio del Estado pudo haber evitado que se llegara al estallido social por parte de habitantes de Villa unión, lo mismo, dijo, sucede con el Ayuntamiento que deberá argumentar –con base en la ley– su incapacidad para dotar de servicios básicos a colonias de nueva creación, ya que apenas alcanza para los fortinenses, indicó el
entrevistado.
Celia DÌaz GarcÌa
El Buen Tono
