CDMX.- A través del extinto fideicomiso Proméxico, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) patrocinó en su último año de Gobierno, las producciones de las telenovelas La Piloto y Las Buchonas de Tierra Blanca, cuyo tema central era el narcotráfico sinaloense.
La productora PS By Lemon recibió para la realización de esas dos series, 17 millones 500 mil pesos, cuando al organismo paraestatal lo dirigía Paulo Carreño King, mientras en México continuaba la guerra contra el crimen organizado con su saldo real de desaparecidos y muertos.
Incorporado a la Secretaría de Economía (SE), Proméxico fue creado en 2007 en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), como parte de una política que intentaba promover el turismo y el comercio exterior, además de atraer Inversión Extranjera Directa (IED). En poco más de una década de operación se encargó de promover la internacionalización de las empresas mexicanas y brindar asesoría sobre tratados internacionales.
Además, contaba con algunos fondos. El 9 de marzo de 2010, se integró en Proméxico el Programa de Otorgamiento de Apoyos a Proyectos de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Fondo pro audiovisual) y así, empezó a financiar propuestas de productoras privadas.
Según el Informe de la SE sobre sus fideicomisos y la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2018 la productora PS by Lemon –que antes se llamó Lemon films y fue constituida por Fernando y Billy Rovzar– obtuvo apoyo para esos dos trabajos. En la misma fecha, Estudios Film SA de CV, también recibió dinero para la serie de acción Run Coyote Run, dirigida y producida por Gustavo Loza.
Después de 12 años de operación, en mayo pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desapareció por decreto a Proméxico, que en ese momento tenía 46 oficinas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Hong Kong, Alemania, Suiza, España, Bélgica, Japón y Colombia.
En el texto se lee que aún cuando la previsión era que el fideicomiso durara 50 años, su existencia “ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público”.
