BRASILIA.- El Congreso de Brasil dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.
El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara de Diputados, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.
“Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad” contra la mandataria, indicó Arantes.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Todo eso, según la parte acusadora, constituye “delitos de responsabilidad”, que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
El Gobierno ha rechazado eso y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido que un proceso con miras a su destitución en ausencia de un “delito de responsabilidad” es un “golpe”.
Tras la presentación de Arantes, los 65 miembros de la comisión tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes, según el calendario establecido, deberán votar
el informe.
Si la comisión respalda por mayoría simple el informe, tomará la palabra el pleno de la Cámara de Diputados, en el que la oposición necesitará de una mayoría calificada de 342 votos, sobre un total de 513, para aprobarlo.
