Por Andrés Timoteo / columnista
Lo que advirtió desde hace semanas ya se comenzó a cumplir: el Gobierno Federal va contra los refugios de migrantes que manejan organizaciones civiles y la Iglesia católica para efectuar redadas de extranjeros indocumentados, sin importar que dichos espacios tengan una suerte de inviolabilidad amparada por Ley de Migración.
En el artículo 76 se establece que la autoridad “no podrá realizar visitas de verificación migratoria en lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.
Aún con lo anterior, durante el fin de semana elementos de la Guardia Nacional -que fueron identificados como integrantes de la todavía agonizante Policía Federal- intentaron ingresar a la Casa del Migrante Saltillo, en Coahuila, administrada por la organización civil Frontera con Justicia A.C y amenazaron al activista José Luis Manzo, quien impidió la detención de cuatro extranjeros.
La intentona para violentar dicho espacio fue denunciada por la misma organización en sus redes sociales desde la tarde del sábado y fue replicada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, que representa al conglomerado de agrupaciones que trabajan en favor de los derechos humanos de los migrantes extranjeros en México.
Ambas agrupaciones lanzaron una alerta al Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mismo momento en que los policías federales intentaron ingresar a la Casa del Migrante, en cuyo exterior estaban interrogando a cuatro extranjeros que fueron interceptados antes de ingresar donde estaban albergados.
Manzo salió a defenderlos y a reingresarlos al refugio cerrando el acceso para impedir que los agentes entraran. Ante ese hecho, los policías amenazaron al activista: “se están metiendo en un problema”, le dijeron y anticiparon que darían parte al Instituto Nacional de Migración (INM) para que se acordonara el edificio y se procediera a ingresar porque ahí se cometían un delito federal al dar refugio a indocumentados.
Ante el riesgo de que se realizara el allanamiento del refugio las organizaciones civiles difundieron el hostigamiento y la amenaza en redes sociales y la prensa. Al lugar se presentó Jaime Iván Rodríguez, primer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) para levantar la queja por el amago de la Policía Federal. Por la denuncia pública no se concretó la violación del recinto, al menos hasta anoche no se había dado.
Sin embargo, es un hecho de que la fuerza pública tiene en la mira a los santuarios de migrantes, a fin de cumplir el compromiso hecho por el mandatario López Obrador ante el presidente norteamericano, Donald Trump, para bajar las cifras de indocumentados en la frontera Norte. Se sabe que en el País hay varios refugios que no sólo serían allanados, sino que también hay la intención de acusar judicialmente a sus responsables por tráfico de personas si impiden las redadas. A ese grado de atropello se ha llegado.
