Acultzingo.- Mientras que el síndico Cándido Carrillo Altamirano y el regidor Tomás Rosales Santos, negaron las acusaciones en su contra, ayer representantes de las localidades presentaron documentos y fotografías como pruebas de que incurrieron en faltas administrativas, mal manejo de recursos y sugirieron que tienen alguna relación con la delincuencia.
En rueda de prensa, alrededor de 15 pobladores de Coxolitla de Arriba, Coxolitla de Abajo, Próspero Pineda, Puente Guadalupe, Tecamalucan, Ojo de Agua de Abajo, Atitla, Acatla, Aguaxinola, Potrero, Coatepec y Linda Vista, confiados en sus fundamentos, dijeron estar a la espera de que el Congreso del Estado destituya a ambos funcionarios.
Quien fue designado por los pobladores como vocero, Noé Cruz Martínez, expuso que el mal desempeño de los dos ediles comenzó desde que el alcalde, Salomón Cid Villa, solicitó un permiso a la Legislatura para ausentarse de sus labores, ya que ello fue aprovechado por los funcionarios para incrementarse el salario.
La tardanza para actuar y evidenciarlos, mencionó que se debió a que estaban recabando las pruebas suficientes.
“En el caso del Síndico, de los 15 mil pesos que ganaba quincenalmente, se subió a 20 mil. El 31 de octubre del 2014, los ediles aprobaron un pago de nómina de 125 mil 400 pesos, únicamente para la Policía municipal”.
Aseveró que a pesar de que ambos funcionarios estaban al tanto de la inseguridad y la delincuencia que aquejaba al municipio, comenzaron a levantar sospechas desde que el 14 de enero firmaron un acta en donde impedían que las Fuerzas Federales tomaran el control de la seguridad, documento a mano que presentaron.
“Tenemos a dos servidores que cometieron faltas muy graves para nosotros, se les ha visto con personas extrañas, lo que nos pone en alerta y no queremos que las personas se levanten contra ellos, por eso estamos actuando por la vía legal.
evidencias
Tenemos dos actas en donde firmaron para que se retirara el Mando Único, al síndico Cándido Carrillo, apenas hace ocho días lo interceptó la Fuerza Civil a la altura de El Mezquite en un vehículo de dudosa procedencia”, detalló Cruz Martínez a los reporteros.
Es por ello que los pobladores decidieron unirse nuevamente para exigir la salida inmediata del Síndico y Regidor, porque aseguró que sus malos actos colocan en alerta y en riesgo la seguridad de los más de 25 mil habitantes del municipio.
Por lo anterior, añadió que el pasado lunes les mostraron las mismas pruebas para exigirles su renuncia voluntaria, no obstante, hicieron caso omiso y por ello, procedieron a clausurarles las oficinas que ocupaban.
Posterior a ello, una comisión de pobladores inconformes acudió con la misma documentación ante la presidenta del Congreso estatal, Octavia Arteaga Ortega, el Gobierno del Estado y la la Fiscalía Especializada, para que tomen cartas en el asunto y se resuelva el proplema antes de que pueda ocurrir algo mucho más grave o delicado.