En un histórico discurso Manuel Gómez Morín diseña con claridad lo que debe ser la empresa pública Pemex al servicio de México
Respeto, admiro y aprecio a Diego Valadés, he leído su obra en detalle, pero no puedo coincidir con sus reflexiones externadas en el periódico Reforma (19/07/13).
Argumenta que el gobierno no debe correr el riesgo de quedar atrapado entre la protesta de la calle y la presión del capital. Lamentable sería que el gobierno de Peña Nieto diera marcha atrás por miedo. Efectivamente, hace algunas décadas hubo presiones del capital, por ello tenemos un derecho proteccionista generado por el nacionalismo revolucionario. Hoy, por el contrario, las necesidades provienen de la empresa pública que manifiesta un rezago evidente.
El siguiente argumento es sobre el sindicato voraz y corrupto y la carga fiscal sin paralelo de la paraestatal. Habría que agregar su notoria ineficiencia. ¿Es lógico, por lo tanto, que en estas condiciones se invierta más en la empresa en el esquema actual? En los últimos años el incremento en inversión en exploración y producción primaria se ha multiplicado con resultados paupérrimos.
Afirma Valadés que no hay un solo país donde se aplique a las empresas petroleras una carga impositiva similar a la de México. Esto es cierto, únicamente en exploración y producción primaria: cuesta diez dólares extraer un barril que se vende en cien dólares. Pero si consideramos a Pemex en su conjunto, dadas las pérdidas en Refinación, en petroquímica básica y en gas natural, además del derroche en gasto corriente y de los pasivos laborales, se confirmaría que Pemex paga al Estado mexicano mucho menos de lo que pagan empresas petroleras con mucha mayor eficiencia.
También asegura Valadés que en México el petróleo es un símbolo (representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada), término que podríamos equiparar con mito (persona o cosa rodeada de extraordinaria estima) o tabú (condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar). Ninguno de ellos ayuda a hacer buenas leyes.
Nadie duda que el petróleo pertenece a la nación, lo importante es darle un marco jurídico adecuado. Pemex y CFE requieren romper muchos nudos, empezando por lo legal, que depende de voluntad política. El debate no ha estado centrado en las leyes en acción, sino en la normatividad en abstracto. La confianza (lubricante de la sociedad) no es producto de la virtuosidad de la ley por sí misma, sino de la probabilidad de su ejecución. Una proclama no es norma jurídica, es simplemente una buena intención.
No puedo coincidir con este eminente jurista, quien propone la simple modificación a una ley para permitir inversión privada. Los artículos 25 y 28, modificados al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid definen lo estratégico como “exclusivo del Estado”, no permiten excepción alguna. Es una pésima técnica legislativa pretender modificar la Constitución a través de leyes secundarias.
Lázaro Cárdenas en 1938 convocó a la iniciativa privada a invertir para que no disminuyera la producción de hidrocarburos. La reforma de 1960 consistió en prohibir los contratos-riesgo, no la inversión privada. Fue hasta 1982 que, en la intención frustrada de fortalecer la soberanía, mediante la declaración de “áreas estratégicas”, profundizamos nuestra dependencia. Prueba de ello son nuestras importaciones de insumos energéticos.
Por último, el PAN tiene claras sus propuestas: observar el principio de subsidiariedad, tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. El 28 de febrero de 1940, en un histórico discurso Manuel Gómez Morín diseña con claridad lo que debe ser la empresa pública Pemex al servicio de México.
Como bien decía Guillermo Florís Margadant: “El derecho tiene una cualidad en común con la hierba mala: la tendencia hacia una sofocante exuberancia”.
