Si bien el innegable beneficio social que por más de 22 mil millones de pesos traerá aparejada por la cancelación del cobro de la larga distancia, esencialmente, es por demás evidente que, a su paso por el Senado, la aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones tuvo consecuencias políticas importantes: una nueva fractura de la izquierda y, más, la pública ruptura de la más reciente alianza entre gobierno federal y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al cierre de la pasada semana, efectivamente, y luego que desde principios de la misma, dirigentes y coordinadores parlamentarios del sol azteca acordaran apoyar el paquete de reformas promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de la inclusión de una gran cantidad de sus propuestas y la exclusión de otras, la supuesta o real presión que sobre aquellos habría ejercido el consorcio telefónico preponderante, forzó al cuestionado Jesús Zambrano Grijalva y Chuchos afines, a obligar a sus senadores a votar en contra del dictamen respectivo…
En bloque y en contra en general, pero de manera particularmente notoria en lo relativo a la cancelación del cobro mencionado que, se sabe ahora, los hombres de Telmex-Telcel habían pedido al gobierno y al PRI, su partido, ¡fuera pospuesta por tres años!, en razón del altísimo costo —40 millones de dólares mensuales— que ello tendría para el consorcio. Tres años más, para una medida que debió haber entrado en vigor desde 2010… cuando una afirmativa ficta (que se acredita a la hoy cuestionada diputada Puri Carpinteyro) lo impidió.
Huelga decir que, al margen de otras consideraciones, el voto en contra del perredismo se dio después de que, en atención a “los acuerdos entre gobierno y perredistas”, y con miras a posibilitar su aprobación, el bloque tricolor en el Senado había convencido ya a sus homólogos del blanquiazul de aceptar, entre otras cosas, los múltiples beneficios que en el rubro de las radios comunitarias se habían incorporado en el dictamen —entrega “obligada” de concesiones, eliminación del cobro de toda contraprestación, apertura de seis estaciones por ciudad, financiamiento público y no pago de tiempos fiscales, entre otros— aún cuando, como hemos referido aquí, ello, en los hechos, implicaría poner en manos de las izquierdas un instrumento electoral ad hoc… cuya eficacia en la imposición y/o salvaguarda de regímenes populistas o autoritarios, se evidencia igual en la (sufrida) Venezuela de Nicolás (in) Maduro, que en la Argentina de Cristina Fernández, la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Rafael Correa, por sólo citar algunos.
Hoy, a la vista lo anterior —“la obligada traición (de la dirigencia del PRD) a lo pactado…”, diría alguno— no son pocos los que apuestan a que, en el marco del debate de la minuta enviada ya por el Senado a San Lázaro, y en virtud de la sobrada capacidad de operación que el complejo PRI-Verde-Panal-PAN, concreten un “obligado cobro de facturas… ahí, donde (de cara a 2015) más les duele”.
El asunto pues, sigue abierto…
