Inusual en sí misma, la decisión presidencial de interponer sendas controversias constitucionales contra los congresos locales y/o los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán, por la no armonización adecuada de sus legislaciones —“invade atribuciones federales y viola contenidos…”— con la recién aprobada reforma constitucional en materia educativa, constituye, sin lugar a dudas, una señal alentadora…
Alentadora porque amén de reabrir la posibilidad de avanzar, en cuanto que país, en la búsqueda de mayores niveles de calidad en la educación que se imparte a los niños y jóvenes, permite entrever que, a nivel federal, al menos, el chantaje del magisterio irresponsable por mantener privilegios extralegales no está operando… sin importar que el mismo provenga de impresentables maestros-vándalos afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o de quienes forman las filas del ahora, en opinión de no pocos, domesticado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Porque, a decir verdad, el anuncio que ayer hicieran el vocero Eduardo Sánchez y el consejero jurídico Humberto Castillejos, de la Presidencia, constituye una abierta crítica a la inacción, incapacidad y/o debilidad de los congresos y de los gobernadores de las entidades citadas: el endeble Gabino Cué Monteagudo, que no toca a la CNTE “ni con el pétalo de una disposición…” en su contra; el verde Manuel Velasco Coello, el maderista Guillermo Padrés Elías y, por si alguien faltara, el virtual Fausto Vallejo Figueroa.
Todos, de una u otra manera, por cuenta propia y/o de sus cercanos colaboradores, a decir de los conocedores, habrían avalado al menos y/o instrumentado (para evitarse problemas con los mentores locales), incluso, la manera de darle la vuelta a la reforma constitucional aprobada que, aún hoy, por acciones como las ahora impugnadas, no acaba de concretarse o, si se prefiere, de dejar de ser letra muerta…
Más de una ocasión, en este mismo espacio, advertimos sobre este riesgo que, concretado ya en ordenamientos aprobados de aplicación estatal, debe ahora ser controvertido ante la más alta instancia judicial nacional, la Suprema Corte de Justicia, en la que los promotores de la reforma, el Ejecutivo federal, entre otros, depositan su confianza…
Asteriscos
* No acababa de conocerse siquiera el contenido íntegro del acuerdo suscrito por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el mexiquense Alfredo Castillo Cervantes, con una veintena de líderes de los ilegales grupos de autodefensa de Tierra Caliente de esa entidad, el lunes, y ya el mandamás de las mismas, el polémico José Manuel Mireles, cuestionaba su contenido, condicionaba su aplicación o, mejor, explicaba (a quien quisiera escucharle) la manera en que el mismo sería validado… por el gobierno, obvio.
