Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- La falta de control y certificación de los elementos de la Policía Municipal quedó en evidencia tras el asesinato del universitario y boxeador Pablo, ocurrido el pasado 28 de febrero.
El caso provocó indignación y puso en la mira al alcalde, Gerardo Rosales Victoria; al regidor, Orlando Rosas Sánchez, y al contralor municipal, señalados por omisión y corrupción, al permitir que gendarmes sin acreditación estuvieran a cargo de la seguridad del municipio.
Al respecto, el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta aseguró que es poco probable la liberación del elemento responsable de la muerte del boxeador, debido a la gravedad del delito.
“Se trata de un homicidio calificado con abuso de autoridad, porque el agresor era un servidor público. Además, hubo un uso excesivo de la fuerza, ya que omitieron los protocolos. Aquí, el oficial que disparó, así como el resto de los demás elementos que lo acompañaban, carecen de certificación”, explicó el litigante.
Subrayó que esta situación demuestra la negligencia del ayuntamiento, que nunca velo ni se preocupó porque sus agentes tuvieran los exámenes de control y confianza.
“Es una omisión grave del presidente, Gerardo Rosales Victoria. Según el artículo 115 constitucional, él es el responsable de la seguridad”, indicó.
