La Policía Federal de Brasil reveló este martes un complot estremecedor: una organización criminal integrada en su mayoría por militares de élite planeaba asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este plan buscaba frenar la toma de posesión de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022, donde obtuvo el 51% de los votos.
El complot: “Puñal verde y amarillo”
La operación ilícita, bautizada como “Puñal verde y amarillo”, estaba diseñada para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, semanas antes de la investidura oficial de Lula. El plan incluía:
- Asesinatos simultáneos de las principales figuras del Ejecutivo y del Poder Judicial.
- La creación de una “oficina de gestión de crisis institucional”, integrada por los propios involucrados, con recursos humanos y técnicos de alto nivel militar.
- Restricción al Poder Judicial a través del asesinato del magistrado Moraes, encargado de investigar los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
Los responsables contaban con entrenamiento especializado en operaciones militares y un detallado esquema para ejecutar su plan.
Respuestas contundentes del Gobierno
El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, calificó el complot como un ataque directo contra la democracia y advirtió que no habrá tolerancia para quienes atenten contra el estado democrático de derecho:
“Agentes de Estado que actúan contra la democracia son delincuentes”.
El ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, aseguró que el plan no se concretó “por un detalle”, y que la operación desmantelada aporta evidencia grave sobre la posible implicación de figuras cercanas al expresidente Jair Bolsonaro.
Operación Contragolpe
La Policía Federal activó la “Operación Contragolpe”, que incluyó:
- Órdenes de prisión preventiva.
- Allanamientos e incautaciones.
- Medidas cautelares, como la prohibición de salida del país para los sospechosos.
Los involucrados enfrentan cargos por golpe de Estado, abolición violenta del estado democrático de derecho y organización criminal, con penas que podrían alcanzar décadas de prisión.
Un intento golpista frustrado, pero no olvidado
Este descubrimiento revive los ecos de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro intentaron forzar un golpe al invadir las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Ahora, Brasil enfrenta una nueva sacudida con la revelación de un intento de magnicidio que pone de manifiesto la persistencia de amenazas contra la democracia en el país.
¿Qué sigue? La investigación podría destapar más vínculos entre los responsables y altos cargos del gobierno anterior, intensificando la presión sobre Bolsonaro y su círculo cercano.