La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que deroga disposiciones de la Ley Estatal del Servicio Civil, eliminando los preceptos legales que por diversas reformas se han vuelto contrarios a la nueva estructura orgánica del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estipulada tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
La Legisladora aseguró que esta situación se ha dado ante las numerosas reformas, derogaciones y abrogaciones que tanto la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado han tenido, y -que inclusive- han derivado en cambios en la estructura del Poder Judicial del Estado, impactando directamente en el órgano de impartición de justicia laboral burocrático de la entidad, por lo que solicitó la derogación de los capítulos I, II y III del Título Noveno de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Martínez Rivera, explicó que lo anterior, a todas luces, ha ocasionado que gran parte de la regulación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, contenida en la Ley Estatal del Servicio Civil, actualmente se encuentre en desuso jurídico; sumado a ello, la falta de actualización y adecuación al sistema jurídico veracruzano vigente, por lo que es necesaria la derogación de diversas disposiciones de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Después de exponer diversos ejemplos de la discordancia entre las leyes citadas, la diputada afirmó que la regulación que establece la Ley Estatal del Servicio Civil, en cuanto a la integración, funcionamiento y competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es distinta a lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no corresponde a la realidad jurídica actual de Veracruz.
“No hacernos cargo de este tema, cerca de crear certeza y seguridad jurídica a los gobernados, genera incertidumbre; por lo que, resulta de vital importancia dar claridad a nuestras leyes, lo que sin duda alguna abona a la confianza de las instituciones”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente.
