Por: Andrés Timoteo / columnista
PLAN CON MAÑA
La alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, acaba de hacer un movimiento para beneficiar a parientes y financiadores a costa de la seguridad ciudadana. El miércoles entregó en comodato al Gobierno Estatal el aeródromo “Juan Antonio Perdomo Díaz”, a fin de burlar procesos judiciales y suspensiones dictadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la operación de dicha pista.
Hay que recordar que desde diciembre pasado el aeródromo tiene una suspensión de sus operaciones ordenada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT, luego de que vecinos del lugar y trabajadores de empresas ubicadas en sus alrededores se inconformaron porque se permitía el aterrizaje y despegue de aeronaves que rebasan las proporciones autorizadas y pueden provocar accidentes.
La DGAC requirió al Ayuntamiento presentar la documentación necesaria, a fin de acreditar que la operación de la aeropista cumplía con las reglas establecidas y sólo así, garantizando la seguridad de los lugareños, se ordenaría su reapertura. Empero, el Cabildo cordobés no ha podido demostrar lo anterior y para salvar el obstáculo, lo que hizo fue trasladar al Gobierno estatal los trámites ante la Federación para la reapertura de la pista.
La Edil se sacó de la manga el famoso comodato del aeródromo bajo el argumento de que si el Gobierno estatal lo opera la economía regional se reactivará. ¿En realidad habrá repunte económico para el beneficio popular? Falso. El verdadero interés de la Alcaldesa es beneficiar a determinados personajes que usan la pista de aterrizaje atropellando la legislación, entre ellos a un familiar.
Hay varios personajes que han comprado aviones que rebasan las dimensiones permitidas, pero no quieren pagar costos adicionales para usar pistas adecuadas y tener distancias más alejadas de su terruño como los aeropuertos de Veracruz, Xalapa o Tehuacán, en Puebla. Lo que hacen es usar la aeropista cordobesa aún cuando violen la legislación vigente y arriesguen la seguridad de los lugareños.
Uno de esos vivillos es su hermano, el empresario chatarrero, Tomás López Landero -famoso chapulín de la política partidista pues ha brincado del PAN al PRI y al PVEM-, hoy afectado porque sus aeronaves no pueden aterrizar en el “Juan Antonio Perdomo Díaz”. El exdiputado local y federal no puede aterrizar su avión y para ello, la hermana recurre al Gobierno estatal para reabrir la aeropista y hacer que sus aeronaves despeguen y aterricen aún atropellando la Ley.
Otro es el cafetalero Domingo Muguira Revuelta, añejo financiador de la fidelidad y el duartismo, suegro además de dos tremendos pillos, los exalcaldes de Córdoba y Fortín de las Flores, Juan Lavín y Armel Cid de León, respectivamente. Muguira también se compró un avión que requiere una pista más grande, pero pretende seguir usando el aeródromo local para no pagar costos adicionales.
A fin de beneficiarlos a ellos y a otros dos empresarios locales, la Alcaldesa panista -bueno, ahora considerada más marrón que los mismos morenos- está abocada en la maniobra para que se destrabe la sanción de la SCT con el famoso comodato y de paso evadir los juicios de amparo que están vigentes. Para ello, metió al Gobierno cuitlahuista en su plan con maña.
¿Y quién hace mancuerna con la panista López Landero? Otro de su misma dimensión, el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, a quien la Alcaldesa prácticamente le entregó la operatividad municipal, incluidos los negocios al amparo del Ayuntamiento. Es más, se habla de que ese negocio con el aeródromo es parte de un acuerdo integral que apunta al 2021 para entregar totalmente el Ayuntamiento cordobés a Morena. ¡Pobres cordobeses, tan lejos de Dios y tan cerca de los López Landero
19/09, LOS TERREMOTOS
Ayer se cumplieron 34 años del sismo de 1985 que devastó la Ciudad de México y otras entidades. Mató a miles de personas y tiró un régimen porque en los comicios presidenciales de 1988 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió, aunque arrebató la silla con el fraude escandaloso cometido por Carlos Salinas de Gortari. Ojo, en el que Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la “Cuarta Transformación”, operó la “caída del sistema”.
Se cumplieron también dos años del temblor coincidente de 2017 y que ocasionó la muerte de cientos de personas y el derrumbe -otra vez- del régimen priista en las elecciones de 2018. Curiosa serie de cifras: el aniversario de la tragedia fue el día 19 del mes 09. Dos temblores en el mismo día del mismo mes y cuya conmemoración de este año es en otro 19.
inguna de las dos heridas ha cerrado. No se sabe la cifra real de víctimas del terremoto de 1985, se habló desde 2 mil 500 hasta los 10 mil fallecidos, y del sismo de hace dos años muchos damnificados siguen viviendo en las calles o en domicilios ajenos porque se incumplieron los compromisos de ayuda oficial para la reconstrucción de sus hogares. El recurso destinado fue saqueado por los funcionarios peñistas.
Por cierto, partidos como el PRI y Morena prometieron desde hace dos años donar la mitad de sus prerrogativas para los damnificados y nunca lo hicieron. El Gobierno Federal actual ha anunciado que la reconstrucción por el temblor de 2017 se concluirá en 2020, tres años después, ¿será? Hay, por supuesto, culpas sin pagar de los funcionarios de hace tres décadas y de hace dos años, y también de personajes corruptos que tuvieron responsabilidad en los saldos de la tragedia. Por ejemplo, en 1985 los propietarios de los talleres donde se confeccionaba ropa y que -muchos de ellos- funcionaban clandestinamente, pues en esos lugares murieron atrapadas ciento de costureras.
En 2017, el suceso más doloroso fue la muerte de 19 niños por el desplome del edificio en el Colegio Rébsamen en Tlalpan. La catástrofe tuvo alicientes en la corrupción pública ya que no se supervisó ni impidió la construcción irregular de pisos adicionales en el inmueble y la escuela operaba gracias a los sobornos pagados a las autoridades. En diciembre pasado, luego de dos años de prófuga, fue detenida la propietaria del colegio, Mónica García, pero ningún exfuncionario ha sido tocado.
Ayer, 19 de septiembre, también fue el día de la Protección Civil, una cultura de medidas precautorias que surgió tras el gran sismo del 85 y por la insurgencia de la población civil que asumió las labores de rescate, luego de que el Gobierno se vio rebasado y pasmado ante la tragedia. Parecieran nimiedades los simulacros, la información y la educación que se imparten en esa cultura, pero nadie debe despreciarlos porque el conocimiento de qué hacer durante un imponderable es la diferencia entre la vida y la muerte.
