AGENCIA
Nacional.- Tras la reciente adhesión de México a la moratoria global que prohíbe las actividades de minería submarina en aguas internacionales, con el objetivo de esperar la obtención de información científica suficiente que brinde certidumbre respecto a sus impactos ambientales, organizaciones de la sociedad civil han exigido a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cancelación de las 14 concesiones vigentes en aguas territoriales mexicanas.
En el marco del webinar “El rol de México en la protección de los fondos marinos”, Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica, destacó la importancia de alinear la política nacional con la posición internacional asumida por el gobierno mexicano ante el Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos (ISA). Esto, en concordancia con la reciente reforma a la Ley Minera, que prohíbe la minería submarina en aguas nacionales.
Según Olivera, actualmente existen 14 concesiones de minería submarina otorgadas entre los años 2010 y 2016, que abarcan una extensión de 722 mil 196 hectáreas en tres estados de la República Mexicana: Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.
El representante advirtió sobre el riesgo ambiental asociado a estas concesiones, destacando el caso de Exploraciones Oceánicas, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration, que posee una concesión en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, con el proyecto Don Diego para el dragado de fosfato. Esta zona alberga la migración de la ballena gris, la presencia de tortugas caguama y una rica biodiversidad que podría estar en peligro.
Olivera informó que la Semarnat ha denegado en dos ocasiones la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto Don Diego, basándose en el principio precautorio. Sin embargo, la empresa ha llevado el caso a un panel internacional, exigiendo una indemnización de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares, argumentando discriminación por parte del gobierno mexicano en el marco del entonces TLCAN.
Se espera que el fallo sobre este caso se dé en el primer trimestre de 2024, después de que tanto las autoridades mexicanas como la empresa hayan tenido la oportunidad de aportar pruebas y fijar posición. La sociedad civil continúa vigilante ante el desarrollo de este tema, enfocada en la preservación de los fondos marinos y la protección del medio ambiente.
